v Pretender obligar a los académicos a presentar su Declaración de Patrimonial
v Desconocen que el personal académico de la UV no es “funcionarios”
v Tuvieron que dar marcha atrás a esa tremenda burrada
Por Miguel Ángel Cristiani González
Una tras otra, el más reciente “oso” de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana y de la administración del rector Martín Aguilar Sánchez, es la ocurrencia -para no llamarla burrada- de pretender obligar a los “servidores públicos” a presentar su Declaración de Situación Patrimonial 2023.
Resulta que nuestras autoridades en la Máxima Casa de Estudios, quisieron cometer la ilegalidad de obligar a los académicos a presentarles de la declaración patrimonial, y pues por ser una burrada tuvieron que dar marcha atrás.
Las respuestas no se hicieron esperar en las benditas redes sociales en donde les reclamaron ¿Por qué no se ponen a trabajar?
¿Quién les dará esas ideas?
Resulta que como al parecer no tienen otra mejor cosa que hacer para justificar sus salarios, en la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial dependiente de la Contraloría General de la UV, se les ocurrió invitar a los servidores públicos a presentar su Declaración de Situación Patrimonial 2023.
Hasta se publicó en la página oficial de la Universidad Veracruzana una sección para dar toda la información, los formatos y hasta un videíto en YouTube para justificar la solicitud.
Hasta se les amedrentaba con que el último día de este mes deberían de haber proporcionado sus datos y la información, so pena de ser sancionados.
Hasta que el pasado miércoles la Dra. Marisol Luna Leal Abogada General de la UV publicó un comunicado para justificar los motivos por los cuales no se puede exigir a los trabajadores universitarios que hagan la declaración patrimonial ante la Contraloría.
les tuvo que aclarar que el personal académico de la universidad veracruzana no son “funcionarios públicos” sino trabajadores, tal como lo establece el artículo 353-K de la Ley Federal del Trabajo, el cual precisa que: “Trabajador académico es la persona física que presta sus servicios de docencia o investigación a las universidades…”, tal disposición derivada de lo previsto en el artículo 3º fracción VII, la cual, expresamente señala que el personal académico de las Instituciones de Educación Superior (IES) a las que la ley otorgue autonomía disfrutará de la condición de un trabajo especial regulado por el apartado A del artículo 123 y de su Ley reglamentaria. En otras palabras, no existe en el nivel constitucional, general o federal, una definición que permita asignar al personal académico la categoría de servidor público o funcionario obligado a presentar su declaración de situación patrimonial.
La pretensión de considerar a los académicos como servidores públicos desvirtúa y desnaturaliza el fin para el cual fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo nunca fue ir más allá del funcionariado; su propósito principal es cuidar la función pública y el cumplimiento de los principios que deben regir a la administración pública.
Por las consideraciones referidas, el personal académico de la Universidad Veracruzana no está obligado a presentar su declaración patrimonial, hasta en tanto no exista disposición constitucional, general o federal, que otorgue el estatus de servidores públicos al personal académico de las Instituciones de Educación Superior con naturaleza jurídica de organismos descentralizados del Estado con autonomía especial.
Por lo pronto, ya le dieron otra exhibida de la mala administración del equipo de colaboradores del rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Sánchez a quien como se recordará la Junta de Gobierno eligió “por unanimidad”.
La Junta de Gobierno también nombró al secretario académico pese a que no cumple los requisitos de ley.
También nombró al contralor general del cual depende la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial que tuvo la ocurrencia de que los académicos deberían de presentar obligatoriamente su declaración patrimonial y