La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena acotar los eventos de los aspirantes a encabezar la defensa de la Cuarta Transformación, para que éstos no sean públicos (como recorridos o asambleas), sino sólo para militantes y simpatizantes, y realizarlos, de preferencia, en las sedes partidistas.
Igualmente, instruyó a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña que una vez que sean notificados del acuerdo, sus “asambleas informativas no contengan elementos proselitistas”.
Los tres consejeros que integran esa comisión (Claudia Zavala, Rita Bell López y Jorge Montaño) sesionaron ayer de manera urgente porque la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les ordenó investigar de manera individual y exhaustiva todos los recorridos de las llamadas corcholatas.
El proyecto sobre el cual votaron los consejeros fue elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC) del INE, a partir de 117 actas enviadas por las juntas locales y distritales del organismo, relacionadas con 34 eventos de los aspirantes de Morena y aliados.
El documento concluye que se trata de una “posible estrategia a posicionar a Morena” y “quienes han manifestado su intención de ocupar la precandidatura de dicho instituto político a la Presidencia de la República fuera de los plazos legales para ello, en detrimento de la equidad de la contienda” de 2024.
Esto, porque los aspirantes “han emitido expresiones relacionadas con el próximo proceso electoral, así como aquellas que pueden considerarse como promesas de campaña”, para posicionarse de manera anticipada.
Por tanto, de manera preliminar, sostiene que son eventos proselitistas, realizados fuera del tiempo legal establecido para ello, en lugares públicos, donde se reparte propaganda y se emiten posiciones electorales tales como defensa de programas oficiales, promesas de continuidad de un estilo de gobierno y solicitudes de voto.
De tal manera, se ordenó a Morena suspender “todos y cada uno de los actos públicos abiertos referidos como recorridos o asambleas informativas” y, en cambio, realizarlos con las precisiones sugeridas más adelante por una consejera.
El proyecto fue avalado con los votos de los consejeros López Vences y Montaño Ventura, al considerar que con ello se cumplía la orden del TEPJF y, además, porque no correspondía a la comisión aplicar sanciones.
En contra, Zavala –presidenta de la comisión– subrayó que debían ser “tajantes” y prohibir la realización de los recorridos y asambleas informativas porque, como se estableció en la investigación de la UTC, se trataba de actos proselitistas que estaban afectando la equidad de cara a la contienda de 2024.
Advirtió que no era suficiente con matizar los eventos, porque de esa forma se les deja abierta la posibilidad de que sigan haciendo reuniones públicas para posicionar a Morena y a quienes aspiran a una candidatura presidencial.
Argumentó que en ocasiones anteriores ya se les han hecho llamados que no han sido cumplidos.
Recordó a sus colegas que las reglas actuales surgieron como consecuencia de las ilegalidades de la elección de 2006, por lo que ahora “la gran pregunta es: ‘¿le vamos a hacer caso o no a la ley para resguardar el principio de equidad? ¿Estamos en la lógica del gobierno de las leyes o vamos a estar en la lógica de que la ley no importa?’”
La consejera López Vences propuso la modificación al proyecto en los siguientes términos: que “los actos referidos como recorridos o asambleas informativas en el marco del proceso de selección de la titularidad de la coordinación de los comités de la defensa de la transformación se lleven a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales; que se pueda señalar en los eventos la concurrencia de militantes y simpatizantes”.
Además, deberán ser dirigidos únicamente a militantes y simpatizantes; no emitir expresiones de índole electoral; antes del inicio de cada acto informar de manera explícita sobre el acuerdo de esta Comisión de Quejas y ordenar a Morena revisar previamente los discursos de las corcholatas.
Montaño, en tanto, propuso matizar el punto resolutivo tercero del proyecto, a fin de que en los eventos se eviten elementos que configuren actos proselitistas.
Luego indicó que se está a favor de dictar la medida y no se puede olvidar que los afectados podrán impugnar y será el TEPJF el que dicte lo que en derecho procede.
“Nosotros no podemos amonestar o sancionar; vamos a dictar la procedencia (de la medida cautelar)”, dijo.
Esta discusión tiene origen en una denuncia de Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) en contra de una resolución de la comisión del pasado 28 de junio a partir de la cual se evitó prohibir los recorridos de las corcholatas, bajo el argumento de que se trató de un asunto de autoorganización de Morena.
Al inconformarse, el pleno de la sala superior del TEPJF resolvió, por mayoría de votos, ordenar al INE hacer un análisis más detallado de los hechos; determinar si hay afectación a la equidad y, de ser así, detener los hechos.
La magistrada Janine Otálora votó en contra al considerar que debe frenarse todo el proceso de Morena, emanado de su consejo del 11 de junio, porque se trata, afirmó, de un fraude a la ley.