lunes, noviembre 25, 2024

Sheinbaum: doble discurso

De forma arbitraria, violando flagrantemente su fuero constitucional como Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, este viernes fue detenido Uriel Carmona Gándara, en un operativo conjunto de agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina.

El fiscal morelense fue aprehendido por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Tepoztlán, Morelos, el 2 de noviembre del año pasado.

Aunque ya no es jefa de Gobierno de la CDMX ni le corresponde intervenir en asuntos que corresponden a la Fiscalía capitalina como órgano constitucionalmente autónomo, Claudia Sheinbaum hizo un espacio en sus actividades proselitistas que realizaba ese viernes en Hidalgo para puntualizar ante los medios de comunicación que la detención del Fiscal de Morelos “no es un asunto político sino de justicia”.

La aspirante presidencial de Morena, quien fue señalada por Carmona Gándara de estar detrás de su detención, coludida con el gobernador Cuauhtémoc Blanco para tomar el control del ente autónomo del estado encargado de procurar justicia, enumeró las causas de dicha captura: “número 1, la fiscalía es autónoma. Número 2, es una orden de aprehensión de un juez. Número 3, no es un asunto político, es asunto de justicia. Número 4, la Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres. Y número 5, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio.”

Sin embargo, Sheinbaum ignoró convenientemente el multifeminicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, y en cuya administración la Fiscalía capitalina tampoco pudo o no ha querido hasta ahora esclarecer la tortura y muerte de cuatro mujeres y un fotoperiodista de la revista Proceso.

Es más, el domingo antepasado, 30 de julio, en la víspera del octavo aniversario de esta masacre, familiares de las víctimas denunciaron que una persona “estrechamente relacionada” con los asesinos trabaja actualmente en la Fiscalía de la CDMX a cargo de Ernestina Godoy, pero que inexplicablemente la incondicional de Sheinbaum no ha investigado.

Se trata de Luis Javier García Saldaña, agente del Ministerio Público Auxiliar A de la Fiscalía capitalina, padre de Alejandro “N”, cuyo número telefónico fue ubicado en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón el 31 de julio de 2015, justo a la hora en que fue cometido el crimen.

“A pesar de su clara conexión con los hechos, Alejandro ‘N’ nunca fue investigado por la Fiscalía, simplemente se le dejó fuera del proceso judicial sin explicación alguna”, aseguran los familiares en un video que difundieron la noche del domingo antepasado. En él señalan que, cuando ocurrieron los hechos, García Saldaña era suegro de César Omar Martínez Zendejas, una de las tres personas presas que ya fue sentenciado.

De hecho, según los familiares de las víctimas, el expolicía Abraham Torres Tranquilino, quien también está sentenciado, “ha afirmado en varias ocasiones ser una persona muy cercana a Luis Javier García Saldaña y a su familia”. Inclusive mostraron una fotografía en la que se ve a Torres conviviendo con Alejandro “N”.

¿VIENE SHEINBAUM A ZONGOLICA?

Por cierto, mucho daño le está generando a Claudia Sheinbaum las pugnas al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz, pues al haber tantos voceros no hay una verdadera comunicación oficial que nos permita a los medios de información poder acercar los detalles de su visita a las y los veracruzanos, así como lo han hecho las otras “corcholatas” presidenciables.

A escasos cinco días del evento que anunció la diputada Lidia Irma Mezhua Campos, nadie oficialmente ha confirmado o desmentido hasta ahora la versión extraoficial de la visita de Sheinbaum Pardo, ocasionando confusión en la población e incluso cierta frustración ya que ante la contingencia que vive el municipio serrano no estaría en condiciones de recibir a la aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Y a pesar de que la diputada nuevamente comunicó el cambio de sede debido a la contingencia por derrumbes, inundaciones y daños en las poblaciones, la falta de comunicación ha generado el descontento de las y los ciudadanos, exhibiendo de una forma innecesaria a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El daño en la imagen de Claudia Sheinbaum, debido a la descoordinación, imprudencia y falta de conciencia ciudadana ante la adversidad del pueblo veracruzano seguramente tendrá un costo político irreversible.

¿Qué opinará la aspirante presidencial de Morena más aventajada en las encuestas de esta desorganización de sus operadores en Veracruz?  

DEL RÍO: ‘PROYECTO INOCENCIA’

Tremendo chasco se llevaron ayer los reporteros y columnistas xalapeños que fueron invitados a un desayuno con José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, pues la mayoría presuponía que el militante de Movimiento Ciudadano (MC) aprovecharía este encuentro con los medios capitalinos para “destaparse” como aspirante del partido naranja a la gubernatura y hablar de la sucesión estatal de 2024, pero el exdiputado federal y ex alcalde de Tecolutla se avocó a detallar el trabajo social que viene realizando junto con el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa a través del llamado “Proyecto Inocencia” para excarcelar principalmente a indígenas que han sido procesados y recluidos ilegal e injustamente en Veracruz y en otras entidades.

Y es que después de su amarga experiencia personal, al ser arbitrariamente detenido e imputado por la supuesta autoría intelectual del crimen de Remigio Tovar, candidato de MC a la presidencia municipal de Cazones de Herrera ejecutado en junio de 2021, Del Río Virgen conoció en el reclusorio de Pacho Viejo centenares de casos de internos que han sido injustamente sentenciados o que permanecen bajo proceso debido a errores, descuidos y deficiencias de la defensa legal así como a yerros, torpezas o abusos de algunos fiscales y jueces encargados de procurar y administrar la justicia.

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