En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), padres y madres de la 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y sus representantes denunciaron que hay un desmantelamiento de los mecanismos que llevan el caso, el cual se va a pique.
Lo anterior, ante la negativa del Ejército a entregar toda la información, amagos de investigación contra el ex fiscal Omar Gómez Trejo; la renuncia de Alejandro Encinas a la subsecretaría de Derechos Humanos, quien está citado ante juicios contra militares y riesgos de retrocesos.
En tanto, la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó al Estado mexicano a romper el pacto de silencio que ha evitado que el caso llegue a un desarrollo en la investigación para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables.
Tanto los familiares como los integrantes de la CIDH reprocharon que no hayan asistido a la audiencia en Washington ni el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), Rosendo Gómez Piedra, quien sólo envió una carta, ni el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, quien preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
La embajadora ante la OEA, Luz Elena Baños, fue la única que habló por parte del Estado. Refrendó el compromiso indeclinable con la memoria, la verdad, la justicia y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Leyó la carta de Gómez Piedra, en la que el fiscal reiteró que la investigación de la administración federal anterior estuvo plagada de irregularidades, e hizo señalamientos contra el ex titular de la Ueilca y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Refirió que en agosto de 2022, cuando se planteó la judicialización del ex procurador Jesús Murillo Karam, hoy preso, el ex fiscal se negó rotundamente a hacerlo y renunció a su cargo propiciando con ello impunidad. Agregó que pasaron ocho años para que se sujetara a proceso sin que los integrantes del GIEI hubieran impulsado la investigación y sanción.
Antes, Mario González, padre de uno de los estudiantes, expresó a nombre de los demás familiares su sentir. Perdónenme por la palabra, (venimos) encabronados.
Denunció la obstaculización del Ejército para acceder a los archivos con información clave para esclarecer los hechos y pidió a la CIDH apoyo para obtener los documentos.
En este sentido, en la audiencia en el contexto de la medida cautelar 409-14 dictada por la comisión, María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pidió que la CIDH funja como garante de una revisión adicional de los archivos castrenses y que realice una visita al país.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, señaló que el caso está en un momento delicado, en el que el mecanismo extraordinario que construimos en diálogo al inicio de este gobierno está totalmente desmantelado.