Agencias/Sociedad 3.0
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina señala que el crimen organizado y la violencia que se vive en México atacan también a la libertad religiosa, por lo que ubican al país este 2023 como el segundo país con ese tipo de hechos contra ministros de culto en la referida región, sólo por detrás de Nicaragua.
Los líderes religiosos, activistas y defensores de derechos humanos que piden un cese a la violencia y realizan actividades pastorales y humanitarias, son percibidos como una amenaza para los intereses ilícitos y la autoridad de facto que ejercen los grupos criminales.
«Esta situación se agrava por el ensañamiento con el que son silenciados, aunado con los lazos de corrupción entre criminales y funcionarios públicos. Incluso en los más altos niveles de la administración estatal no se atienden de manera debida los llamados realizados por las comunidades religiosas que están en riesgo y/o han sido víctimas de este tipo de situaciones», indicó el Observatorio.
En los primeros siete meses del 2023, México registró 62 incidentes violentos contra la libertad religiosa, cuatro de ellos derivaron en asesinatos, en tanto que Nicaragua reportó 86 incidentes violentos, sin ningún homicidio.
El reporte semestral del Observatorio, que divide los incidentes en 11 categorías, siendo la más grave el asesinato, en el caso de México se presentaron cuatro asesinatos, 33 intentos de destruir o profanar lugares de culto, dos detenciones y 23 formas de abuso físico o mental, en promedio, ocho casos por mes.
El ejemplo de estos es el caso ocurrido en junio cuando en la iglesia del Pueblo de Santa Anita, en Chihuahua, se registró una balacera en donde murieron dos personas, una de ellas casi decapitada por impactos de bala.
En total hallaron 961 casquillos y una granada en el lugar. De acuerdo con el reporte, por este caso, habitantes de tres comunidades huyeron y permanecen desplazados por los constantes enfrentamientos entre bandas del crimen.
Otro de los conocidos casos es el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, un caso que incluso provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera al gobierno proteger a este grupo religioso que «han sufrido amenazas y ataques por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar con normalidad sus actividades pastorales”.
En cuanto al autoritarismo, el informe señala casos en los que las autoridades federales o estatales no respetan la integridad de las personas, los ministros de culto y los templos.
El reporte también recuerda que en marzo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, irrumpieron en la Catedral para detener a migrantes sin apegarse a los protocolos legales.
Aunque no es el principal caso en México, el reporte menciona también la “hostilidad” como un factos de ataque a la libertad religiosa. Lo atribuye a una errada interpretación de la separación de la iglesia-estado, así como al intento de censurar la doctrina religiosa respecto a la defensa de la vida, la familia y el matrimonio.
-Con información de Milenio