Agencias/Sociedad 3.0
En la fase final de la elaboración de las iniciativas de reformas constitucionales programadas para el 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un nuevo plan de austeridad republicana destinado a financiar las aportaciones gubernamentales para aumentar las pensiones de los trabajadores, equiparándolas a sus salarios en activo.
Durante su conferencia matutina, el mandatario sugirió la posibilidad de eliminar algunos organismos autónomos creados en el pasado, argumentando la existencia de «estructuras improductivas» que se erigieron en contra de los ciudadanos para proteger intereses particulares y extranjeros.
López Obrador señaló la posibilidad de obtener ahorros significativos, citando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como ejemplo, con un presupuesto de mil millones de pesos. Propuso redirigir estos recursos hacia las pensiones de los trabajadores.
En tono irónico, el presidente cuestionó la utilidad de estos organismos de transparencia, vinculándolos con situaciones específicas como el acuerdo de Coahuila y compartió su intención de sostener una reunión privada para avanzar en la elaboración de las iniciativas, involucrando a abogados y actuarios.
Entre las iniciativas mencionadas se incluyen reformas laborales para evitar que el salario mínimo se incremente por debajo de la inflación, reformas al Poder Judicial y en materia electoral, entre otras.
En el contexto de las pensiones, López Obrador destacó la necesidad de que el gobierno realice aportaciones, corrigiendo gradualmente la situación en la que solo los trabajadores y empresarios contribuyen. Afirmó que el financiamiento provendrá de un programa de austeridad, reiterando su compromiso de evitar que haya «gobierno rico con pueblo pobre» y defendiendo la iniciativa como un acto de justicia para los trabajadores jubilados.