El presidente Andrés Manuel López Obrador anda desatado, lanzando amenazas a diestra y siniestra. Varios ejemplos recientes saltan a la vista, entre ellos su pretensión más buscada: extinguir antes de que se vaya cuantos organismos autónomos pueda. Hay que precisar que se refiere a los órganos constitucionalmente autónomos, porque si el carácter jurídico de ellos no estuviera establecido en la Constitución, el presidente hacía rato que los hubiera enviado a la guillotina.
Pero con un celo que envidiaría el propio Robespierre, anunció recientemente que él mandaría una iniciativa para extinguirlos a “todos”. Luego alguien le recordó que en esa lista estaría la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya presidenta es su seguidora fiel, por lo que López Obrador no mencionará al organismo en el documento. Nadie le ha recordado públicamente que en ese grupo estaría también la Fiscalía General de la República, cuyo encargado es también su amigo fiel, por lo que seguramente ese otro órgano tampoco será listado en la iniciativa que enviará.
Respecto a las otras entidades constitucionalmente autónomas vale la pena recordar un caso ido, el del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Debido a que a principios de su sexenio el presidente tenía un significativo número de fichas políticas, él pudo saciar inicialmente sus ansias de sangre extinguiendo al INEE a pocos meses de entrar. Esto para el regocijo de algunos dirigentes que ya son sus cuates fieles, pero también en menoscabo de la calidad de la educación que están recibiendo, y estarán recibiendo en el futuro próximo, los niños y los jóvenes mexicanos.
Volviendo al tema, ¿a qué órganos autónomos se podría referir, al final, el presidente? En la Constitución hay algunas referencias acerca de entidades que son autónomas en su gestión y operación; como son, por ejemplo, ciertas universidades públicas (la UNAM en particular), comisiones como la Reguladora de Energía y los tribunales agrarios.
Pero, aparte de la CNDH y la FGR, las entidades del Estado mexicano que son autónomas en el sentido más estricto del término, son tan solo, por orden alfabético, las siguientes: el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y, finalmente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Crucemos los dedos para que a López Obrador no se le ocurra ni siquiera mencionar al primero y al penúltimo de los organismos que están en la lista anterior, Banxico y el Inegi. Si hoy el presidente de cualquier país se atreviera a poner en duda la autonomía de su banco central o del instituto que compila las estadísticas oficiales, seguramente ocasionaría una turbulencia económica de consecuencias graves. En Argentina, especialmente durante el periodo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno se ha atrevido a no garantizar la independencia de esos dos organismos y así le ha ido.
Pocos en México pensarían en despojar de su autonomía a Banxico y al Inegi. Así que los otros organismos que podría tratar de extinguir el presidente se cuentan con los dedos de una mano. Son el INE, por mucho el más importante, la Cofece, el Ifetel y el Inai. En la siguiente ocasión comentaremos al respecto.