El 14 de febrero de 2014 el ciudadano Filiberto Medina fue víctima del arbitrario, oprobioso y descomedido abuso con el que operan los mal afamados “grulleros” en la ciudad de Xalapa y otras de la entidad veracruzana, se presume cuentan con el consentimiento del gobierno estatal si se juzga a partir del personal de tránsito que acompaña al operativo de las grúas. Aquel día, en la avenida Miguel Alemán, el automóvil Caprice conducido por el profesor y licenciado Filiberto Medina sufrió un desperfecto mecánico y al conducir en reversa topó con un recolector de basura del ayuntamiento, nada para el escándalo, pero se presentó una persona que se identificó como perito de tránsito imputando a Medina haber cometido infracciones al Reglamento de Tránsito y le pidió presentara su licencia de conducir y la tarjeta de circulación del automóvil, vino el obligado intercambio de opiniones y el referido perito llamó al servicio de grúas, cuya llegada coincidió con la de tres agentes de tránsito. El perito ordenó al chofer de la grúa subiera a la plataforma el automóvil y en protesta el licenciado Medina se acostó en el piso entre el coche y la grúa, fue reconvenido por los agentes y amenazado de llevarlo a la cárcel. Como siempre ocurre, el vehículo fue llevado al corralón de la grúa, indignado, el licenciado Medina Domínguez se trasladó a la calle de Enríquez en donde frente a Palacio de Gobierno detuvo el tráfico vehicular porque se tendió en el pavimento en gesto de repudio a la arbitrariedad de la que fue objeto. Esa valiente actitud de ciudadano ofendido levantó comentarios, algunos en tono crítico, muchos otros enalteciendo la temeridad, porque, deber es reconocerlo, de entre cientos de abusos de autoridad sin respuesta ciudadana, la forma de protestar del licenciado Medina fue un garbanzo de a libra. Haciendo uso de su derecho a defenderse por la vía jurídica Medina Domínguez apeló al ministerio público y a los juzgados de rigor; después de largos meses de lentitud burocrática el Ministerio Público ordenó a la empresa propietaria de las Grúas a entregar el vehículo, aunque para entregarlo la empresa exigía el pago de ¡52 mil pesos! por concepto de resguardo, habrase visto. Tal condición obligó a proseguir el proceso legal en cuyo final un juez concedió amparo al demandante Medina Domínguez, y se obliga a la empresa de grúas entregar sin cargo alguno el multicitado vehículo. Obviamente, tras más de 24 meses a la intemperie esa unidad habrá resultado dañada, es decir, no se encuentra en las condiciones que presentaba cuando se cometió la arbitrariedad ¿a quién se cargará la culpa? La respuesta parece lógica, pero además este esforzado y muy digno litigio puede contribuir a encontrar la fórmula oara combatir los atropellos cometidos y a desfacer ese gran negocio que se asemeja a un robo en despoblado. Por supuesto, en el marco de responsabilidades figura la descarada omisión de las autoridades estatales para poner freno a la ominosa presencia de las grúas, que cual cuervos motorizados suelen rondar hospitales, plazas comerciales y sitios muy concurridos en busca de nuevas víctimas. Ya está a punto de concluir el periodo de gobierno 2018-2024, seis años no alcanzaron para cumplir el ofrecimiento gubernamental de legislar sobre la operación gruyera para beneficio de la población, pero así pasa cuando esto ocurre.