La urgencia del gobierno federal por allegarse recursos que le permitan mitigar el déficit fiscal legado por su antecesor lo obliga a buscar el remedio hurgando posibles soluciones; para este gobierno es prioritario conseguir recursos que le permitan subsidiar las obras insignias del obradorismo (el Tren Maya, el AIFA, la refinería Olmeca, la compañía Mexicana de Aviación, el ferrocarril interoceánico, etc.), sostener los programas sociales, financiar las obras de infraestructura ya anunciadas, y reducir un 3% el déficit fiscal para el ejercicio 2025 sin acudir al expediente de una reforma fiscal. Tarea bastante difícil de cuyo epilogo conoceremos cuando se presenten en la Cámara de diputados los precriterios de política económica para 2025. Dichos criterios incluyen: tipo de cambio promedio (18, 19, 20 pesos por dólar); crecimiento del PIB (1%, 1.5%, 2%, 2.5%), rango de la inflación; producción de petróleo, precio por barril y exportación; política fiscal acerca de los ingresos y el gasto público, etc. Pero, además, la presidenta ofreció reducir de 6 a 3 por ciento el déficit fiscal heredado de su antecesor. El problema para esto último radica en que desea lograrlo sin crear nueva carga fiscal, es decir sin acudir a una reforma fiscal para obtener mayores ingresos.
“En política la primera concesión es la que cuenta”, decía no sin razón don Luis Cabrera, el privilegiado ideólogo del carrancismo para enfatizar que desapareciendo ciertas trabas los acontecimientos antes contenidos se suceden con mayor fluidez. Trasladando esa idea al proceso legislativo que pudiera culminar con la publicación de la polémica reforma al Poder Judicial, tras la aprobación de la “supremacía constitucional” por las reformas a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna la apelación jurisdiccional quedará anulada, será el jaque mate al Poder Judicial, víctima de la confabulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Si esa reforma se aprueba en los términos propuestos nadie podrá impugnar mediante amparos o controversias constitucionales ninguna otra reforma al texto de la Carta Fundamental. En ese escenario ya no habrá impedimento para hacerle a la Constitución los remiendos que se quieran, como reformar, por ejemplo, el artículo 28 constitucional lesionando la autonomía del Banco de México para acceder a las apetitosas reservas internacionales que mantiene a buen recaudo Banxico (que al 18 de octubre ascendían a 226 mil 436 millones de dólares), y mediante ese procedimiento superar el déficit fiscal procurando a la vez recursos frescos para solventar el Gasto público. Esta es una especulación de tintes trágicos, nada deseable, pero por la vorágine “reformadora” ¿quién nos asegura que no lo harán? pudiera deberse a una crisis esquizofrénica causada por el catastrofismo imperante en el país, pero la cuartaT sigue construyendo lo que llama el “segundo piso” de algo parecido a un Frankenstein con pies y cabeza fuera de lugar. Lúdicamente pudiéramos trasladarnos a lo tragicómico y replicar al Chapulín Colorado: “Y ahora ¿quién nos salvará? A ver ¿Quién dice: “Yo?”