Estrictamente Personal
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió sin exabruptos a la instrucción del presidente Donald Trump para que su gobierno inicie el proceso para determinar si los cárteles de la droga pueden ser catalogados como organizaciones terroristas internacionales, y dijo que Estados Unidos “puede actuar en su territorio y en el marco de su Constitución”. Cierto, como también lo es que esa decisión puede traer complicaciones para México, a sus empresas, a las extranjeras, a inversiones y al empleo.
La orden ejecutiva que firmó Trump fijó un plazo máximo de 14 días, a partir del lunes pasado, para que el Departamento de Estado, tras consultar con los de Justicia y el Tesoro, y la Dirección Nacional de Inteligencia, recomiende si los cárteles mexicanos deben ser designados “Organizaciones Terroristas Extranjeras”, porque “representan un riesgo inadmisible para la seguridad nacional” de su país, y actúan “casi como entidades gubernamentales” en México, controlando casi todos los aspectos de la sociedad, y vinculados a China por la vía del tráfico de fentanilo.
En la columna de este miércoles se mencionó que la ley que regula esa acción es muy amplia, por lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la política de ‘abrazos, no balazos’, podría ser sujeto, como persona física, a que se le aplicara la ley. Pero también, dentro de los criterios del Departamento de Estado, cualquier institución financiera en Estados Unidos que está al tanto de que maneja fondos de una de las organizaciones criminales internacionales designadas “terroristas” violaría la ley, por considerarse que les dio “apoyo material”.
Esto conlleva un problema de otra magnitud de como lo está viendo Sheinbaum. Un análisis de la firma FTI Consulting señala que de incorporar a los cárteles mexicanos a esa lista, cualquier pago hecho por una compañía, una organización o un individuo afiliado a ellos, o que les haya provisto de ayuda logística, podría ser considerado como apoyo material para un grupo terrorista.
FTI Consulting recordó que la última encuesta sobre seguridad pública realizada por la Cámara Americana de Comercio en México, que aglutina a 218 empresas estadounidenses en este país, mostró lo “penetrante” que es la extorsión del crimen organizado. El 12 por ciento de las empresas norteamericanas reportaron en enero que los cárteles tomaron el control parcial de sus ventas, distribución y el precio de sus productos, mientras que 45 por ciento admitió que había recibido extorsiones y demanda de pagos a cambio de no hacerles nada. Estos pagos, si se designara “terroristas” a los cárteles, podrían ser considerados como “apoyo material”, señaló la consultora.
La extorsión criminal a empresas no es un fenómeno reciente, pero se ahondó en el gobierno de López Obrador, donde los cárteles tuvieron una impunidad casi absoluta. Las empresas mineras, mexicanas y extranjeras, fueron las primeras grandes compañías afectadas por los cobros de piso y los secuestros de sus ejecutivos para obligarlas a pagar por protección, si deseaban continuar en el negocio. Al menos una empresa petrolera estadounidense tuvo vínculos con un cártel que le vendía combustible robado. Empresas de alimentos han tenido que pagar a organizaciones criminales para que les permitan seguir haciendo negocios en algunas partes del país, y otras, que se negaron a ser extorsionadas, tuvieron que suspender por un tiempo sus operaciones en varios estados mexicanos. Algunas más, aparentemente sin relación con las organizaciones criminales, con perfil financiero, son utilizadas presumiblemente por los cárteles para enviar remesas, que se calculan en decenas de millones de dólares anuales, y que sirven para lavar dinero. Los transportistas, que pagan impuestos criminales en las carreteras, también se encuentran en este paquete.
Varias de estas empresas podrían ser sujetas a sanciones del gobierno de Estados Unidos si se designan “terroristas” a los cárteles mexicanos, como sucedió en 2011 con la empresa Chiquita Brands International, cuando una Corte Federal en Florida la encontró responsable de haber financiado al grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas de Colombia –que había sido designada como “terrorista” una década antes– y la obligó a pagar casi 40 millones de dólares a ocho familiares, cuyos parientes fueron asesinados por ese grupo.
El juicio se dio luego de que Chiquita Brands International aceptó, en 2007, ante el Departamento de Justicia, que había hecho pagos a las autodefensas que la habían extorsionado. En el juicio, la defensa alegó que no había bases para ese fallo y apeló. El juicio se extendió hasta octubre pasado cuando la corte federal refrendó el fallo contra la empresa y la responsabilizó de haber violado los derechos humanos de las víctimas.
En caso de designarse como “terroristas” a los cárteles mexicanos, decenas de empresas nacionales y extranjeras en México podrían estar en riesgo de ser demandas, como sucedió con Chiquita Brands International. Operar en zonas de alto riesgo se convertiría en un lastre para las empresas y, en caso de problemas legales, sus costos se elevarían por un tiempo indefinido. Algunas podrían solventarlos, pero otras tendrían que recortarlos, mediante reducción en sus nóminas o, eventualmente, el cierre de sus operaciones.
La orden ejecutiva de Trump no puede verse únicamente bajo el ángulo de una mera decisión soberana, porque existe la probabilidad de una externalidad económica con fuerte repercusión en México, tanto en el ámbito de los negocios y del empleo, como en las perspectivas de inversión. Sheinbaum no debería tomar las cosas tan a la ligera, ni sus asesores en la materia soslayar todos los ángulos que implican acciones como la que tomó Trump, que subrayan una profunda debilidad institucional.
El debate sobre la designación de los cárteles como “terroristas” se arrastra desde 2011, pero nunca estuvo tan cerca de convertirse en realidad. Trump quiso hacerlo en su primer mandato, y varios de sus principales funcionarios quieren la medida. El secretario de Estado, Marco Rubio, que los llamó recientemente “terroristas”, no se ha pronunciado abiertamente por la designación, pero ha dejado abierta esa posibilidad, que tiene un respaldo bipartidista. Cuando Trump lo mencionó en su discurso inaugural, la mayor ovación, con republicanos y demócratas de pie, fue cuando anunció su intención de declarar a los cárteles “terroristas”.