Héctor Yunes Landa
Con la aprobación de las reformas a la ley estatal de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas por parte de Morena, el gobierno ha pavimentado el camino al paraíso de la corrupción.
Sin control, supervisión ni vigilancia, Veracruz podría ser testigo del peor atraco de la administración pública en su historia.
Han convertido a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en la moderna cueva de Alí Babá concentrando en ella el presupuesto, el poder absoluto con una ley estatal a modo para delinquir; y la facultad discrecional para decidir, sin ningún control, el gasto de miles de millones de pesos a través de empresas vinculadas al gobierno.
Pero en su generosa complicidad, Morena ha abierto la llave para que los Ayuntamientos gocen de la misma discrecionalidad personal en el ejercicio del presupuesto destinado a la obra pública. Han democratizado el derecho a la corrupción y el enriquecimiento.
Hay dos elementos irrebatibles: la reforma a la Ley de Obras para otorgar poderes infinitos a un Comité integrado por personajes incondicionales; y los antecedentes que acompañan al nuevo titular de la SIOP, un personaje clave en el sobrecosto de la refinería de Dos Bocas y el fracaso en su operación.
Con la reforma a la ley aprobada el jueves pasado, el Comité de Obra Pública prácticamente asume la función legislativa de vigilancia, por lo que podrá operar fuera de la revisión del Congreso.
Si el Comité lo decide, por ejemplo, puede hacer excepciones en el tipo de garantías que se deben presentar en los procesos de contratación. Esta discrecionalidad dará lugar a que el Comité determine a quienes se les otorgará justicia y gracia, abriendo la puerta a las empresas que por ser las favoritas no cumplan con la presentación de garantías.
Tampoco se prevé en la ley un porcentaje máximo para otorgar anticipos, como sí lo contemplaba la ley vigente. Esto también deja la puerta abierta para que, si el Comité lo decide, se ponga como regla general que se pactarán anticipos del 100% en el 100% de los casos. ¿Y qué pasará si las empresas incumplen?
Peor aún. Se amplían los supuestos de excepción a la licitación pública para justificar la invitación a 3 proveedores. Se supone que la licitación pública que tanto les estorba, debe ser la regla general, pero se convertirá en la excepción.
Esto implica que continuarán realizando más del 90 por ciento de contratos por adjudicación directa, tal y como se hizo en la corrupta administración anterior. Legalizaron la trampa.
Pero, ¿quién es el titular de la SIOP, beneficiario del cheque en blanco que extendieron los diputados de Morena?
Leonardo Cornejo Serrano, quien en el sexenio de Peña Nieto participó en la asignación de una obra a Odebrecht negociada con sobornos; durante el gobierno de López Obrador firmó 99 de cada 100 contratos otorgados en la refinería de Dos Bocas, en la que se han invertido 16 mil millones de dólares. El monto de las adjudicaciones es un secreto, pues la información fue clasificada.
Ya sabemos para que lo hicieron. Ya sabemos en manos de quien estamos…
La puntita
Los ex funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García que hoy son acusados de corrupción por la creación de empresas fantasmas y el desvío de millones de pesos en contratos (SEV, SS, SEGOB, SSP) aseguran en privado que ese dinero fue a parar a la campaña de la actual gobernadora, a quien sólo le quedan dos caminos: la justicia o la complicidad.