Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
En mayo del 2019 el entonces titular de la SEV, Zenyazen Escobar, denunció que el Colegio de Bachilleres de Veracruz pagaba más de 10 millones de pesos mensuales a un batallón de aviadores compuesto por 332 sujetos y sujetas que no trabajaban en esa institución. Y se armó el escándalo.
Éste se agrandó cuando se supo que el hijo de Erika Ayala Ríos (lideresa del sindicato del COBAEV, diputada del PRI y también con plaza de maestra), cobraba un sueldazo como maestro de tiempo completo, siendo que tenía 17 años de edad y apenas iba en la prepa.
Zenyazen prometió hacer una limpia de zánganos y llevar ante las autoridades a los presuntos responsables. Erika sintió que le movían el piso y… no pasó nada. Los aviadores siguen aterrizando en el COBAEV y Erika anda por ahí.
Este lunes (casi seis años después), se dio a conocer que Maritza Ramírez Aguilar, Subsecretaria de Educación Básica en el gobierno de Cuitláhuac García y ratificada por la gobernadora Rocío Nahle, presuntamente operó una red de aviadores al interior de la SEV que le dejó ganancias millonarias.
De acuerdo con un reporte periodístico Maritza, que quiso ser candidata de Morena a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, tenía como “operador financiero” a Iván de Jesús García Mulato, Coordinador Estatal del Programa de Educación a Distancia.
Iván de Jesús era el encargado de dar de alta a los aviadores disfrazados de “analistas” de la SEV con un sueldo de 20 mil pesos, pero a la hora de cobrar les dejaba solo 1, 250 pesos y se quedaba con los 18 mil 750 pesos restantes.
Si se multiplican 18 mil pesos por ¿cuántos te gustan lector? ¿Te parecen bien 300 aviadores disfrazados de analistas? Son 5 millones de pesos nada despreciables, pero una bicoca comparado con otro supuesto negocio de Maritza.
El 21 de julio del año anterior, el periodista Filiberto Vargas denunció que después de la elección del 2024 la entonces gobernadora electa Rocío Nahle, recibió una carpeta que hablaba de los jugosos negocios, “todos ilícitos”, que hacía Maritza Ramírez desde su posición en el gobierno estatal. Entre ellos operaba las concesiones para cafeterías y tiendas en los planteles escolares, sin reportar esos ingresos a ninguna autoridad.
De acuerdo con la carpeta “los pagos para la asignación de esas concesiones oscilan entre los 5 mil y 80 mil pesos, dependiendo del tamaño del plantel y el número de estudiantes. Y Wulfrano Rodríguez Oceguera (secretario particular de Maritza) es el responsable de asignar esos permisos”.
Las concesiones eran para los 22 mil 840 planteles que hay en la entidad, desde preescolar a bachilleres. Y si se multiplica el número de planteles por 5 mil pesos, el precio más bajo de una concesión, el resultado son 114 millones 200 mil pesos que le pasaron de noche a la Secretaría de Finanzas porque nadie los reportó.
¿Qué va a pasar?
Pues nada. Salvo raras y contadas excepciones, ¿cuándo has visto lector, que después de un atraco de esa naturaleza algún presunto delincuente sea presentado ante un juez? Quizá remuevan a Maritza y sus secuaces. Quizá devuelvan parte del botín, pero el grueso de los millones esquilmados se perderá en la bruma de los tiempos.
Para los avezados en política a la veracruzana, los señalamientos contra Maritza no son otra cosa que un mensaje a Zenyazen Escobar para que ya le baje y deje de estar fregando a la SEV y a su titular Claudia Tello, con los maestros de la Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz. Y Zenyazen le va a bajar.
Pero los aviadores seguirán aterrizando, las tiendas y cooperativas escolares continuarán siendo negocio de unos cuantos y la corrupción, el atraco, el latrocinio y sobre todo la impunidad, seguirán enseñoreadas como hasta ahora, en una de las dependencias que más presupuesto recibe del gobierno federal.
En fin, la vida va a seguir igual.