No es frecuente que a los funcionarios de Veracruz se les «conceda el uso de la palabra». Calladitos se ven más bonitos, pensarán. Pero lo cierto es que el cúmulo de pifias y el notorio desconocimiento de Veracruz y sus problemas parecen ser el sino de buena parte de los integrantes de la actual administración del Estado. Hoy, el señor Secretario de Seguridad Pública nos alegró con la gran noticia de que han retirado de la vía pública más de mil cámaras de videovigilancia ilegales, instaladas por quién sabe quién, al servicio de quién sabe quién. Primero, operaron durante el (des) gobierno de Cuic, de Cisneros, y de Ele, el primo consentido. ¿No los van a llamar a cuentas? Segundo, es imposible que no sepan quién las instaló ni quién recibía las imágenes. Tercero, ¿quién, dónde y cómo almacena la información, y para qué uso? No basta con que quiten las cámaras (¿de veras mil, o 3 mil, o diez?), ¿Quién va a pagar por esos multimillonarios y graves delitos? El equipo más baratito para exteriores, con capacidad para transmitir datos (TP-Link Tapo C520WS, Cámara de Seguridad Wi-Fi para Exteriores, Definición de 4MP, Visión Nocturna Starlight-Color, Audio Bidireccional. Cloud Video Recording) se compra por 1,299.00 pesos, más envío, más instalación. Son varios millones. ¿Quién los pagó?, ¿acaso es dinero del erario?