Entre otras consecuencias del subdesarrollo político está la indeclinable tendencia del aparato de gobierno a crecer desmesuradamente obedeciendo a intereses de partido y grupos en el poder, en Veracruz no hemos estado a salvo de esa patología político-administrativa. Caso clásico es el Poder Legislativo que hace 50 años se integraba por 16 diputados y ahora ese número asciende a 50 elementos, sería erróneo reconocerlos como “avance democrático” porque el mayor número responde a contubernios partidistas más que a genuino afán representativo pues solo se presentan a levantar el dedo y a cobrar. Hace media centuria, la empleomanía del Poder Legislativo veracruzano se componía de 45 trabajadores, incluidos el Oficial Mayor y el jefe de Glosa, las dos áreas operativas de ese poder que ocupaba un espacio en Palacio de gobierno, incluido el salón de sesiones. Ahora, el Poder Legislativo tiene un digno recinto, pero sufre de obesidad extrema porque más de 750 empleados “trabajan” en amplias oficinas, cuentan con equipo de cómputo para atender a 50 diputados, cada uno con sala de recepción, recepcionista, jefe de agenda, “asesores”, etc. para “representar” a los veracruzanos en una entidad que hace medio siglo contaba con 203 municipios, nueve menos que ahora. Pero, además, desaparecido el departamento de glosa, el que revisaba las cuentas municipales con ábacos, ahora en su lugar existe una Comisión de Vigilancia a la que auxilia el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), apoyado en una empleomanía calificada y se auxilia contratando despachos para sus auditorías. Haga usted la relación costo-beneficio para deducir si el presupuesto asignado al Poder Legislativo es “moralmente” devengado.
En el periodo en el cual imperaba el presidencialismo imperial, o “la dictadura perfecta”, como la calificó Vargas Llosa, el gobierno organizaba las elecciones y calificaba los resultados a través de la Comisión Federal Electoral, encabezada por el Secretario de Gobernación y en las entidades federativas por el secretario de gobierno, es decir, era juez y parte en los procesos electorales. Con la creación del IFE en 1990 comenzó un periodo de consolidación democrática en materia electoral que aumentó garantías en 1996 cuando el IFE se “ciudadanizó” y sacó al gobierno de toda intromisión en materia electoral. Con la alternancia del año 2000 se aceleró el proceso democratizador y en lo que va del siglo tres partidos han gobernado al país, el PAN, el PRI y Morena, si eso ha sido lo mejor para México que cada uno lo discierna. Pero de obesidad burocrática hablamos, porque al parecer también la sufre este renglón de la cosa pública que tiene que ver con partidos políticos competitivos y satélites, y de órganos electorales. Porque, ¿cuál utilidad para el desarrollo democrático del país han aportado partidos políticos como el Pt, el Verde Ecologista, el extinto PES, Nueva Alianza, etc.? ¿Y qué decir de los OPLE? Es pregunta.