Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
***Congreso de Veracruz pretende imponer una Ley de Comunicación Social muerta.
Lo impensable que Movimiento Ciudadano vaya solo en este proceso electoral y más, aglutinando a personajes con comprobada presencia. Una de las cartas fuertes es Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como “Paquita La del Barrio”, a quien tres veces le hicieron la invitación, hasta que aceptó registrarse este próximo lunes, para ser candidata y contender por la diputación local en el Distrito de Misantla. Aceptando su hijo Javier y su nuera, quienes la apoyarán a Paquita para buscará un escaño en el Congreso de Veracruz.
Y siendo ella, gran amiga del aspirante a candidato a la diputación federal por el Distrito de Xalapa Rural, Miguel Ángel Castillo López, dueño del hermoso Hotel El Cantil, ubicado en Alto Lucero y ya fue alcalde de ese municipio, quien invitó a Paquita La del Barrio por varias veces, hasta aceptar la candidatura por Movimiento Ciudadano.
También se une Ruth Callejas Roldán, hija del fallecido líder magisterial Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien se integra a este grupo por MC y muy probablemente buscará la Alcaldía por Emiliano Zapata. También hay negociaciones, para que el bisnieto de Úrsulo Galván Reyes, líder agrarista mexicano conocido como «El Apóstol Jarocho del Agrarismo», de nombre Ferrer Galván, se una a las filas de MC en el distrito de Huatusco.
***Congreso de Veracruz pretende imponer una Ley de Comunicación Social muerta.
Una Licenciada en Educación, quien sólo ha estado frente a grupo y jamás en un medio de comunicación o una redacción periodística, pretende cambiar e imponer la Ley de Comunicación Social, sin entender el verdadero problema de medios de comunicación frente al Gobierno de Veracruz. La diputada Deisy Juan Antonio, por el Distrito de Acayucan, municipio donde existe zozobra, atentados y hasta asesinatos en contra de periodistas, es quien asegura que ella enviará ante el pleno una Iniciativa de Ley, para que “Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Asegura que el “gasto” destinado a CS se deberá garantizar, así como los topes destinados, límites y de ejercicio. Lo que nunca se lee en su iniciativa es si su intención es también enviar un exhorto para que se fiscalicen los recursos públicos en el gasto de convenios a medios de comunicación inexistentes o fantasmas, de recién creación y sin público lector cautivo. Así como investigar los dueños de estos medios de comunicación, contabilizando por 50 o 60 de ellos, muchos propiedad de diputados locales, funcionarios estatales y hasta el hermano del Gobernador de Veracruz, de nombreTonatiuh García Jiménez.
La diputada Deisy Juan Antonio miente, como la mayoría de legisladores de MORENA, aparentando trabajo, pero al final, con base a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga al Congreso de Veracruz a reorientar la Ley de Comunicación Social como un simple formalismo, no para en verdad hacer una reingeniería en los criterios y asignación de convenios.
Y lea lo que dice el boletín del Congreso de Veracruz: “En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta Ley, difundir contenidos que tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico, e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social”, cuando todo lo prohibido se está realizando con singular alegría por parte de diputados locales y el Gabinetazo del gris Gobernador Cuitláhuac García.
La Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Gobernación para el trámite legislativo correspondiente, pero este formalismo no detiene los actos de corrupción realizados por Aldo Valerio Zamudio, titular de CS en el Congreso de Veracruz, ni en contra de Iván Joseph Luna Landa, en CS del Gobierno Estatal.
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