La numeralia esencial de un país en riesgo:
1) El costo real por cancelar el aeropuerto de Texcoco será de 331 mil 996 millones, un incremento de 231 por ciento respecto a lo dicho por el Presidente. Su estimación de 100 mil millones de pesos no incluyó todos los gastos relacionados con costos no recuperables de inversión, litigios y obligaciones pendientes. Hasta la fecha no se han hecho públicas las investigaciones de corrupción en el NAIM, ni ha habido sancionados. Muchos grandes empresarios involucrados en la obra de Texcoco -como Carlos Slim- ahora son beneficiarios de adjudicaciones directas y licitaciones preferenciales en otras obras como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
2) La cifra total de la cancelación de Texcoco es seis veces el monto obtenido con la extinción de fideicomisos de ciencia, cultura, salud y educación. Equivale también -según la periodista Nayeli Roldán- a 97 veces el presupuesto de microcréditos otorgados a comerciantes durante la pandemia y a 11 veces los pagos de evasiones fiscales.
3) El programa Jóvenes Construyendo el Futuro entregó apoyos a fallecidos, repartió ayudas a personas que ya estaban recibiendo otras becas gubernamentales y carece de mecanismos de control para validar los datos de los aspirantes. En los centros de trabajo se encontraron domicilios inexistentes o abandonados, y otros no pudieron comprobar la supuesta capacitación económica. 57 millones de pesos aún deben ser aclarados o justificados, y la Secretaría del Trabajo no quiso aportar información requerida.
4) La iniciativa presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aumentaría los costos anuales de electricidad entre 1,350 y 2,750 millones de dólares, lo cual produciría a) aumentos en las tarifas a los consumidores o b) incrementos en subsidios gubernamentales a la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente el subsidio eléctrico asciende a 70 mil millones de pesos, equivalente a nueve veces el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin Seguridad Social Laboral. Al atentar contra la competencia, la postura gubernamental en el sector energético ha producido un descenso de 74 por ciento en la inversión extranjera directa, y para septiembre de 2020 había decrecido 82 por ciento en relación a 2018, lo cual impactará el empleo en tiempos de pandemia. También desincentivaría la instalación de proyectos de energía más limpios y eficientes, en perjuicio de los consumidores y del país.
5) La promoción gubernamental de energía basada en energías fósiles provocaría un aumento de las emisiones contaminantes de entre 19 y 28 millones de toneladas y cerca de 29 mil muertes prematuras por mala calidad del aire. AMLO acaba de asignar por decreto 73,280 millones de pesos por créditos fiscales a Pemex.
6) El costo humano de la pandemia es 2.45 veces superior a las defunciones reportadas por la Secretaría de Salud. Desde que comenzó la pandemia, México ha contabilizado alrededor de 180 mil personas fallecidas por Covid, pero ese número podría ser hasta de 400 mil, ya que muchos fallecimientos no son declarados como producto del coronavirus. Tan solo en el periodo enero-agosto de 2020 hubo un exceso de mortalidad de 184 mil personas. No contamos con una base de datos abiertos de vacunación, ni con un plan claro con el cual saber cuándo será vacunado el 80 por ciento de la población. México hoy es el tercer país con más decesos por la pandemia, en números absolutos.
7) Ha habido un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la línea de pobreza. En 2018, 61.1 millones ganaban por debajo de la línea de pobreza; en 2021 son 70.9. La pobreza en tiempos de Covid aumentó de 48.8 a 56.7 por ciento, debido a los estragos económicos de la pandemia, pero también por la falta de apoyo gubernamental a los sectores más vulnerables. Uno de cada cuatro mexicanos ahora padece pobreza extrema por ingreso.
8) La ASF señala numerosas irregularidades y deficiencias en la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval, quien se resistió al proceso de fiscalización, no quiso mostrar expedientes, y no investigó a funcionarios de la «Cuarta Transformación».
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Fuentes: Auditoría Superior de la Federación, Coneval, México Evalúa, Comisión Federal de Competencia Económica, Grupo Interinstitucional/COVID, e INEGI.