Agencias/Sociedad 3.0
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplazó cuatro meses la resolución sobre el caso que involucra a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El TEPJF debe determinar si el Instituto Nacional Electoral (INE) puede continuar o no las investigaciones contra Pío López Obrador por presuntas aportaciones en efectivo a las campañas de Morena en 2015.
En noviembre de 2020 el magistrado Indalfer Infante propuso desechar la queja del hermano del presidente, quien se inconformó por la investigación que realizaba el INE en su contra por un video en el que se le ve recibiendo dinero de manos de David León, entonces asesor del Gobierno de Chihuahua.
El magistrado detalló que Pío López se encontraba en una situación que caería en afectación irreparable a sus derechos. Argumentó que la ley electoral otorga tres años para sancionar delitos relacionados al caso, que en este caso, de existir, ya habrían prescrito.
Añadió que la investigación se basa en una prueba ilícita al tratarse de un video grabado sin consentimiento de Pío López Obrador, y finalmente dijo que el INE le envió un cuestionario que lo llevaría a autoincriminarse.
El caso fue finalmente turnado al magistrado Felipe Fuentes Barrera para el análisis de fondo de las posibles afectaciones al investigado.
Hasta el momento, el magistrado Fuentes Barrera no ha presentado un proyecto de sentencia a la Sala Superior del TEPJF, que cuenta con un tiempo promedio de 22 días para resolver impugnaciones y juicios interpuestos.
Los abogados de Pío López dijeron a Milenio que hasta el momento no han recibido notificación alguna para entregar más pruebas, presentarse a audiencias o cualquier situación referente al caso.
El 18 de octubre de 2020, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) inició una investigación contra Pío López Obrador tras la difusión de videos en los que supuestamente recibe dinero de David León Romero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda abrió una indagatoria propia sobre el caso y concluyó que no existían indicios de lavado de dinero ni triangulación de recursos que llevaran a la formulación de una denuncia ante la FGR.
El informe de la UIF fue remitido al INE, que informó que continuaría la investigación por una queja presentada por ciudadanos y representantes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.