A una pregunta sobre el tráfico de armas en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a trazar una hipérbola retórica, al vincular un reciente decomiso con una imputación a la ligera, como suele hacerlo, y ligar a grupos políticos, civiles y ciudadanos de Chihuahua que reclamaron fuertemente que se les estaba quitando agua en septiembre pasado, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. No fue una respuesta improvisada, como pudo apreciar cualquier persona que vio la mañanera y apreció cómo leía notas de lo relacionado con Chihuahua. Como muchas veces ha sucedido en ese escenario, pareció un control de daños para ocultar una nueva cesión de soberanía: a petición del presidente Joe Biden, López Obrador aceptó cerrar con militares la frontera con Guatemala.
La primera noticia pública fue en una entrevista con la cadena MSNBC, donde la consejera del presidente Biden para migración y política interna, Tyler Moran, informaba que el gobierno de su país había “asegurado acuerdos” con los de México, Honduras y Guatemala, para endurecer sus fronteras y disminuir el flujo de inmigrantes centroamericanos. “Pondrán más tropas en sus fronteras”, dijo Moran. “México, Honduras y Guatemala ya aceptaron. Esto no sólo va a prevenir que traficantes, contrabandistas y cárteles de la droga se aprovechen de los niños en su tránsito a (Estados Unidos), sino también los protegerá”.
Una vez más, las noticias de sumisión mexicana ante el inquilino en turno de la Casa Blanca llegaron de Washington. Desde febrero se venían mencionando en esta columna las crecientes presiones sobre el gobierno de López Obrador por haber cambiado su política migratoria, quien de la complacencia total con el presidente Donald Trump, había girado para ponerle obstáculos al diseño del presidente Biden, y reducir significativamente el número de migrantes que aceptaba en su territorio. Todavía este lunes, en un largo reportaje en la primera plana del The Washington Post, se reflejaba el desconcierto dentro del gobierno estadounidense.
En los hechos, López Obrador modificó la política migratoria que había tenido con Trump, para levantar un muro contra Biden y los demócratas, en quienes desconfía. Su incomprensión de la política exterior y en particular de la bilateral con Estados Unidos, lo imposibilitó de entender lo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le venía advirtiendo. El nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris para encabezar los esfuerzos de la Casa Blanca en materia de migración con México y los países del Triángulo del Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– no era buena noticia para el gobierno, al pertenecer al ala de izquierda del Partido Demócrata, que tiene serias diferencias con López Obrador en temas laborales, ambientales y de seguridad.
Ebrard también le transmitió al Presidente la petición de Biden para que México cerrara su frontera con Guatemala, que siguió a un mensaje público a mediados de marzo del secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, al advertir que el número de inmigrantes que buscaban entrar sin documentos a Estados Unidos en volúmenes que no se habían visto en dos décadas, era por culpa del gobierno mexicano, que había disminuido su cooperación con Estados Unidos. El anuncio mañanero de Moran fue confirmado poco después por la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien añadió que el compromiso mexicano era enviar 10 mil soldados a la frontera sur para levantar un nuevo muro verde olivo, como lo había hecho con Trump.
De esta forma, México y Estados Unidos restablecieron los Protocolos de Protección de Inmigrantes que entraron en vigor el 29 de enero de 2019, mediante los cuales López Obrador aceptó recibir en México a los inmigrantes centroamericanos para que esperen el resultado de su audiencia en tribunales para saber si les aprobaban sus peticiones de asilo. Conocido también como el programa Remain in Mexico, fue altamente criticado por organizaciones de derechos humanos por la forma como se conculcaban los derechos de los civiles en territorio mexicano.
A López Obrador no le importaron las críticas. Ese acuerdo con Trump, resultado de un chantaje que le hizo con la amenaza de imponer aranceles si no aceptaba su exigencia, no sólo modificó la política de asilo mexicana, sino que permitió, por primera vez, vincular el comercio bilateral con un tema totalmente exógeno. Con Biden, ahora es lo mismo. Durante el gobierno de Trump sólo habían enviado a 6 mil a esa región. López Obrador le concedió más a Biden que a su alter ego Trump, mostrando mayor debilidad y sumisión.
Antes como ahora es una cesión de soberanía. Si con Trump fue por aranceles, ahora es ¿a cambio de vacunas anti-Covid? Funcionarios de ambos países han dicho que no hay vinculación, pero como sugirieron los estadounidenses, en una relación bilateral tan compleja, en ocasiones se traslapan y se reacomodan los temas –como ahora–. López Obrador le pidió vacunas a Biden, y el jefe de la Casa Blanca le dio un préstamo de 2.5 millones de dosis de AstraZeneca. Hace unos días, Ebrard anunció que viajaría a Estados Unidos para pedir una dotación adicional de vacunas. Quid pro quo en la realpolitik.
Ebrard aún no tenía cita programada en Washington hasta la semana pasada, ni fecha para que Esteban Moctezuma presentara sus cartas credenciales a Biden. ¿Se acelerarán las dos gestiones que quiere México? Ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, una vez más cedió López Obrador ante Biden y tendrá que guardarse sus fobias contra los demócratas, que con oficio no le cobraron bruscamente sus descolones y maltratos, pero lo obligaron a hacer lo que quieren, en el momento que necesitaban y de la manera como lo plantearon.
López Obrador sí necesita una cortina de humo, y el tráfico de armas en la frontera norte y el narcotráfico, parecen haber servido a ese objetivo. Ahora el gobierno mexicano tendrá que explicar el acuerdo y justificar la implementación del corrimiento de la frontera estratégica estadounidense del río Bravo al Suchiate.