Ingenuo pensar que la ley para extender el periodo de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte surgiera en el Senado, sin la anuencia de AMLO. Ingenuo suponer que el ministro no lo supiera. Como bien ha advertido Arturo Lecona, la iniciativa es «Totalmente Palacio».
Ideada, concebida e instrumentada por un Presidente que busca consolidar su poder, aunque sea inconstitucionalmente. Él mismo lo constató al argumentar que se justificaba extender la permanencia del presidente de la Corte durante dos años -en violación del artículo 97- para asegurar la transformación. El mensaje no podría ser más claro. Los fines justifican los medios. Se vale usar mecanismos antidemocráticos para obtener resultados lopezobradoristas. Se vale colonizar a las instituciones con cuates, si son sus cuates.
Como ha demostrado serlo Arturo Zaldívar con el silencio de los últimos días y las afinidades electivas de los últimos dos años. Manifestando lealtad al Presidente y a su proyecto, ostensiblemente, para defender al Poder Judicial de intromisiones peores. Apoyando iniciativas palaciegas -como la consulta para enjuiciar a expresidentes- para supuestamente blindar a la Corte de esfuerzos más agresivos para controlarla. Ha promovido una política de apaciguamiento para evitar la confrontación. Pero llegó el momento de definirse: O está con AMLO o con la Constitución. O se arrodilla para demostrar fidelidad o se pone de pie para defender la legalidad. O es el ministro que conocimos y admiramos en los casos de la Guardería ABC y Florence Cassez, o es un apparatchik más. O es un ministro de la 4T o un ministro del Estado mexicano.
Porque las intenciones del Presidente son tristemente obvias. Son idénticas a las de cualquier líder con pulsiones autoritarias que racionaliza concentrar el poder para ayudar a los pobres, combatir a las élites y defenderse de la derecha. Que se quede Hugo Chávez para consolidar el proyecto bolivariano. Que se quede Evo Morales para darle voz a los suyos. Que se quede Fidel Castro para defender la Revolución. Que se quede Viktor Orbán para que haya un «verdadero pueblo polaco». Que se quede Vladimir Putin para hacer a Rusia grande otra vez. Que se quede Xi para que China le gane a Estados Unidos. Con tal de conseguir esos objetivos «loables» no importa recurrir a métodos deleznables. No preocupa emular las peores prácticas del peñanietismo, como lo fue la Corte de cuotas y cuates de Medina Mora. No es grave atropellar la división de poderes, usar a la Constitución como papel de baño, y asegurar una Corte cortesana si de transformaciones épicas se trata.
Si Zaldívar permanece en el puesto más allá del periodo que la Constitución establece, es más fácil para AMLO lograr lo que quiere. Desechar o archivar amparos, acciones de inconstitucionalidad que cientos de organizaciones han presentado, ante leyes que violan derechos. Asegurar -como lo ha resaltado José Miguel Vivanco de Human Rights Watch- una mayoría de 4 de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura, lo cual le permitiría nombrar, sancionar y remover jueces, si osan contradecirlo. Fijar la orden del día de las discusiones del Consejo y dirigir los debates. Abandonar cualquier pretensión del Estado como un ente neutral, por encima de las ambiciones personales y políticas del Ejecutivo en turno. Poner en jaque la independencia judicial, como ni siquiera los peores presidentes del país habían intentado.
Todo para que AMLO no padezca la persecución política de Lula, dicen los justificadores de la izquierda antidemocrática. Quienes anteponen la lealtad a un proyecto político sobre la construcción de un país democrático. Su papel se reduce a defender a la 4T y su líder, no importa cuán deshonestos sean sus pronunciamientos, cuán evidente sea su incongruencia, cuán desastroso sea su impacto sobre el pueblo y las instituciones que México necesita independizar del gobierno, en vez de poner a su servicio. La zaldivarización de la Corte con el pretexto de impedir una conspiración que arteramente se planea desde los tribunales. La des-democratización para lograr la democracia «verdadera», encabezada por los moralmente superiores que nunca lucran, nunca gozan de privilegios, y no tienen por qué ceñirse a ese documento legaloide que es la Constitución. Un México en el que nadie está por encima de la ley excepto los «Totalmente Palacio».