El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a expresidentes del “periodo neoliberal” que propuso el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
“La Ley de Consulta Popular apareció en el DOF”, aseveró el vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, en sus redes sociales, aunque el decreto no estaba disponible al momento de su mensaje y hasta este viernes no aparece.
El 1 de agosto se realizará la consulta popular con la que López Obrador pretende recabar si los electores desean indagar a los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Aunque la pregunta original mencionaba por nombre a los expresidentes y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pegunta en una polarizada votación en octubre pasado.
«¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, dice la pregunta consensuada por los magistrados.
Pero el Gobierno de México ha defendido que se mantiene el propósito de la consulta popular, la primera que se realiza a nivel nacional.
“Es un instrumento de participación por el que los ciudadanos, a través del voto libre y secreto, determinarán si inicia o no una investigación contra expresidentes de la República, y en caso de hallar pruebas, mandarlos a juicio”, aseguró Ramírez Cuevas.
La consulta ha despertado críticas por su costo, que en un principio se estimaba en mil 500 millones de pesos aunque ahora, con ajustes, sería de 890 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero el INE ha denunciado que la Secretaría de Hacienda le recortó 870 millones de pesos a su presupuesto, pese a que este mismo año debía organizar las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes en la historia del país, y esta consulta.
“Vamos a invitar a quienes fueron funcionarios de casilla que nos acompañen como funcionarios de casilla en la consulta ciudadana, no tenemos ni tiempo ni el recurso como para poder hacer otra insaculación y demás”, declaró Lorenzo Córdova, presidente del INE, al canal público Once este jueves.