Agencias/Sociedad 3.0
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal en contra de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), solicitó 39 años de prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.
Además, los fiscales también buscan una pena de 25 años de cárcel contra Gilda Margarita Austin de Solís, madre del ex funcionario por los presuntos delitos de asociación delictuosa y cohecho.
El escrito de acusación fue presentado a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, quien en los próximos días notificará a la defensa de Emilio Lozoya que la FGR solicitó la apertura del juicio oral.
Los funcionarios mencionaron que, hasta hoy, la defensa del ex funcionario no ha logrado conseguir un criterio de oportunidad, pese a que ofreció garantizar con un pago de 5 millones de dólares la reparación del daño causado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Explicaron que la pena solicitada de 39 años de cárcel es porque Emilio Lozoya era el director de Pemex, es decir, tenía un nivel jerárquico, y ejerciendo su poder recibió sobornos de la constructora brasileña, dinero que después se utilizó también para entregar a diputados federales para que aprobaran la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La FGR ha sostenido en las causas penales iniciadas contra diversos implicados en el caso Odebrecht, que el objetivo principal fue beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas a Odebrecht, lo anterior en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana, para lo cual presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibieron sobornos por más de seis millones de dólares.
Valiéndose de Emilio Lozoya, según la FGR, los recursos fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Peña Nieto y Luis Videgaray, mismos que a su vez ordenaron la entrega de dichos recursos a diversos imputados.
El delito de asociación delictuosa amerita una pena de 5 a 10 años; operaciones con recursos de procedencia ilícita de 5 hasta los 15 años de prisión; y cohecho de los 2 a 14 años.
La FGR, añadieron los funcionarios, busca que se imponga las penas máximas, mismas que sumarían 39 años.
Después de que las partes sean notificadas, el juez convocará a la audiencia intermedia, donde se debatirá que pruebas podrán ser usadas ante un eventual juicio oral.
-Con información de Milenio