Raymundo Riva Palacio
Firme, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio muestras de que a los suyos nadie los va a tocar, aunque violen la ley o actúen de manera ilegítima. El último ejemplo es Delfina Gómez, la secretaria de Educación que, cuando fue alcaldesa de Texcoco, le quitó durante tres años el 10% de sus salarios a los trabajadores para entregarlos a campañas políticas de Morena. Su defensa es pública, pero hay una instrucción del Presidente: que a todos aquellos casos de presunta corrupción o desvío de dinero que afecten a sus cercanos, les den carpetazo.
Ninguna investigación quedará abierta. La principal, por lo avanzado, tiene que ver con su hermano Pío, que recibió casi un millón de pesos en efectivo en una bolsa de papel, presuntamente para actividades políticas de Morena en 2015, de manos de David León, en ese entonces operador político del gobernador Manuel Velasco. La Unidad de Inteligencia Financiera hizo una investigación donde encontró que Pío no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, pero viajaba, administraba un equipo de beisbol y enviaba regularmente dinero a su hijo a Canadá, donde estudiaba. ¿De dónde salía el dinero?
Su esposa tenía ingresos derivados de actividades agropecuarias y forestales, pero no los declaró durante tres años, lo que generó inconsistencias en el SAT que no aclaró. La investigación no mostró transferencias a Pío, quien todo el tiempo se manejaba con dinero en efectivo, de procedencia sospechosa, que tendría que haber llamado la atención de las autoridades. No pasó porque el caso estaba políticamente blindado, y el entonces jefe de la UIF, Santiago Nieto, pese a lo que tenía en las manos, lo exoneró.
Ahora, para evitar que en el futuro pudiera reabrirse el caso, se ha sellado, y probablemente la documentación existente irá gradualmente desapareciendo. Lo mismo se ordenó sobre el caso de Martín, otro hermano del Presidente, quien también recibió dinero en efectivo de León, pero nunca se abrió, como en el tema de Pío, investigación alguna. La familia del Presidente va a quedar protegida de cualquier pesquisa, pero no serán los únicos.
López Obrador también pidió que se cuidara y diera todo el apoyo al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que el tema de sus propiedades en las Lomas de Chapultepec y sus departamentos en París y Nueva York fueran desactivados y no generaran un problema para él, pero sobre todo para el Presidente. Junto con ello, instruyó a su operador, Jesús Ramírez Cuevas, que pusiera en marcha la maquinaria del gobierno y sus legiones de francotiradores en las redes sociales para respaldar y apoyar a Gómez, la secretaria de Educación.
Al Presidente le preocupa e interesa cuidarla, como se ha visto en las mañaneras, y le pidió a sus colaboradores que buscaran a Higinio Martínez, el líder texcocano de quien Gómez es hechura, para movilizar a los pobladores de ese municipio a fin de que se manifiesten a favor de su exalcaldesa. Hasta ahora eso no ha sucedido, aunque se desconoce si se debe a que la instrucción de hablar con Martínez no se ha cumplido, o si obedece a un cruce de intereses en la lucha por la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México.
El caso de Gómez, como el de sus hermanos, le pega a López Obrador por debajo de la línea de flotación. De ahí se puede interpretar la respuesta del Presidente de que la multa a Morena por los diezmos partidistas de Gómez es parte de una campaña de sus opositores para dañarlo. Como siempre, la victimización esconde el fondo. La realidad es que lo que hizo Gómez en Texcoco no era algo nuevo para López Obrador, porque durante dos décadas ha sido parte de su modus operandi.
Cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el primer lustro de este siglo, las diferentes dependencias le quitaron 10% de salario a un alto número de trabajadores capitalinos para dedicarlo a su defensa legal contra el desafuero. Cuando terminó su sexenio y fracasó en alcanzar en dos ocasiones la Presidencia, los gobiernos capitalinos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera le enviaban dinero en efectivo en cajas de huevo a sus oficinas. Nunca tuvieron esos dineros fines de lucro; siempre tuvieron un objetivo político. De ahí esa diferencia mañosa cuando asegura que el dinero de procedencia desconocida que recibió Morena de sus hermanos fueron “aportaciones”, no actos de corrupción. La misma descripción utilizó para exonerar de responsabilidad a Gómez, alegando que fue voluntario lo que hicieron los texcocanos, en realidad, coaccionados.
La decisión para cubrir las huellas de corrupción o ilegalidades no es algo que no haya hecho López Obrador en el pasado. Aceptó que Rosario Robles, como presidenta del PRD, reclutara como mecenas del partido al empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada para que financiara campañas políticas, incluida una parte de la de López Obrador para jefe de Gobierno capitalino, y luego la persiguió. Hasta hoy defiende a su lugarteniente René Bejarano, quien apareció en un video grabado por Ahumada recibiendo 250 mil pesos.
Cuando recientemente apareció otro video donde su secretario particular, Alejandro Esquer, y varias personas que trabajan en Palacio Nacional, depositan 44 millones de pesos en efectivo, presuntas donaciones para los damnificados del terremoto de 2017, lo defendió el Presidente en la mañanera, y varias veces en las reuniones de gabinete. Más allá de la razón y destino, ese dinero en efectivo debía haber detonado una investigación por ser recursos de procedencia ilícita, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca la abrió. Ahora, López Obrador ordenó, como en los otros casos, que se le diera carpetazo.
La impunidad para los suyos es la marca de la casa, como siempre lo ha sido, sin importar que existan evidencias de presuntas ilegalidades o actos ilegítimos. La verdad no va a afectar su narrativa de corrupción del pasado, ni exhibir su traición al mandato de las urnas de 2018.