jueves, enero 20, 2022

La reversa.

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“… ya ha iniciado el proceso de atender lo que nos correspondía, si tenemos que corregir, corregimos”, declaró ayer el gobernador Cuitláhuac García en torno a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos giradas a su gobierno por la injusta y arbitraria detención de seis jóvenes a quienes se mantuvo en cautiverio durante tres meses. Con esta decisión del ejecutivo estatal se da un paso para la reparación del daño moral y económico provocado a esos jóvenes y a sus familiares. Ya se sabe de la oportuna y valiosa intervención del senador Ricardo Monreal a favor de esos jóvenes, cuyo caso se colocó a la vista de la nación obligando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a intervenir en los términos arriba referidos. No se trata, por cierto, de un asunto entre ganadores y vencidos, pues no es una riña callejera la que vimos en escena, sino el choque de una realidad social en la que está en juego el Estado de Derecho. Como sociedad, en Veracruz fuimos exhibidos en nuestra desidia por no protestar oportunamente contra la aprobación y vigencia de un delito a todas luces atentatorio de las más elementales reglas de civilidad; porque el delito de “ultrajes a la autoridad” privilegió la defensa de los cuerpos policiacos en detrimento de las libertades ciudadanas, y solo gracias a la intervención de un senador es posible su próxima derogación. Obviamente, debiera haber efectos colaterales en contra de quienes operaron la injusta detención a que hacemos referencia, de eso habrán de encargarse las autoridades locales a las que corresponda el caso, también, por supuesto, los legisladores que cobijaron ese bodrio legislativo merecen el reproche y total repudio ciudadano. No es desdoro para el gobernador aceptar la recomendación de la CNDH, por el contrario, se asienta un saludable precedente que depura el ambiente social a favor de una estricta vigencia del Estado de Derecho.

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