Este lunes 31 de enero y ya al cuarto para las doce, a punto de que el gobierno de Veracruz cayera en desacato ante la recomendación que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos para derogar el articulado relativo al delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal del Estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió a la LXVI Legislatura del Estado la iniciativa para hacerlo y cumplir así con lo indicado por el órgano autónomo.
La iniciativa del mandatario veracruzano fue turnada para el proceso legislativo a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Con esta son cinco las iniciativas que para derogar el delito que llegan al Congreso local. Antes las presentaron dos organizaciones de abogados, otra el Partido del Trabajo y una más el Partido Acción Nacional. Movimiento Ciudadano hizo otra que le llevó al Palacio de Gobierno al gobernador Cuitláhuac García la semana pasada.
La decisión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de ir por la eliminación del artículo 331 del Código Penal estatal en materia del delito de ultrajes a la autoridad debe ser bienvenida por todos ya que significa derogar un ordenamiento que ha acreditado que es la vía para que se violen los derechos humanos.
A la fecha se han dado mil 33 detenciones por el delito de ultrajes a la autoridad de marzo el 2021 a la fecha, de acuerdo a datos de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, ante la solicitud que le hiciera la diputada de Movimiento Ciudadano Ruth Callejas, durante la comparecencia de la funcionaria la semana pasada ante el Congreso local y que le fuera respondida con posterioridad ante la obligación legal de atender las solicitudes de los legisladores hechas durante las comparecencias en un plazo no mayor a 48 horas.
Así, desde marzo de 2021, cuando se publicó el decreto 848 –que incrementa hasta seis años la penalidad por el delito de ultrajes–, en Veracruz han sido encarceladas, en promedio, 100 personas al mes.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, informó también en su comparecencia de la semana anterior que de marzo del 2021 –que se aprobaron reformas al delito de ultrajes– a la fecha se presentaron 31 quejas por violaciones a derechos humanos en detenciones relacionadas por el delito de abusos de autoridad. Y de acuerdo a una nota de La Jornada Veracruz a pregunta de una diputada sobre los casos de abuso de autoridad que habrían sufrido José Antonio y Rafael N, del municipio de Actopan, que fueron señalados de ultrajes a la autoridad, por negarse a vender sus predios; y de Oscar Felipe N, quien fue detenido por que se le quedó viendo a un policía lo que le pareció agresivo al oficial, Namiko Matzumoto dijo que ambos casos ya son atendidos por la comisión y aseguró que el órgano autónomo que representa no “guardó silencio institucional” ante la reforma al Código Penal que sancionaba el delito de ultrajes a la autoridad.
Por ello la relevancia de que –aunque sea de dientes para afuera- se aceptara la recomendación de la Comisión Nacional y fuera enviada la iniciativa del gobernador para dejar sin efecto las adecuaciones a los artículos 331 y 371 quinquies hechas en marzo del 2021 relativa a los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública, y que dejó a criterio de las autoridades la configuración del delito, con los resultados que todos conocemos de abuso de autoridad que han sido ampliamente difundidos en los medios de comunicación nacionales y en algunos locales.
Y digo de dientes para afuera porque en la exposición de motivos de la iniciativa, García Jiménez se queja de que la derogación del tipo penal de ultrajes a la autoridad dejará un “vacío legal para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a policías y elementos de seguridad pública en cumplimiento de su deber”.
Visto en contexto este episodio, debe tenerse claro que va de la mano y sería parte del acuerdo político, con la decisión de la Junta de Coordinación Política del Senado, integrada por los coordinadores de las bancadas, que decidió desaparecer la Comisión Especial para el caso de Veracruz que investigaría los presuntos abusos de autoridad; ello, luego de que 30 senadores de Morena reclamaron que la conformación de este grupo de trabajo no fue legal y que llevó al coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, a decidir la supresión de la citada Comisión, para mantener la unidad de su grupo parlamentario y evitar la asonada en su contra que preparaban senadores morenistas afines a Claudia Sheinbaum, y que se inscribe en la lucha anticipada por la candidatura presidencial del partido del presidente López Obrador. Decisión que, desde luego, dejó sumamente complacido al gobernante veracruzano que se solazó hablando de “grupúsculo de senadores” y de “comisión patito” a lo que se actuaba en el Senado para investigar a su gobierno.
El caso es que se dijo que los 90 casos que alcanzó a documentar la extinta Comisión serán enviados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Gobernación del Senado. Ya veremos qué curso darán a estos expedientes.
Y todavía el día de hoy lunes 31 de marzo Ricardo Monreal twitteó que “La extinción de la comisión no extingue ni a las víctimas ni la injusticia. La derogación del delito de ultrajes a la autoridad es el comienzo; luego, la liberación de todas las personas inocentes. No habrá tregua”, dijo el coordinador de los senadores morenistas.
Lo relevante en todo caso y que deja las cosas en claro de cómo se operó este asunto es lo dicho por el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández al presidir la semana pasada la reunión de los senadores morenistas que iban por la cabeza de Monreal, cuando afirmó que “Desde luego, cada quien es libre de ejercer su derecho ciudadano y manifestar su opinión, pero no vale la pena que desgastemos al movimiento con ese tipo de divisiones. Este es el tiempo de la unidad”. “Imagínense –dijo el secretario de gobernación- nosotros mismos estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un estado que gobierna alguien emanado de este movimiento”.
Con eso queda claro que primero son los intereses de partido y no hacerles el juego a sus adversarios políticos, después salvar a un compañero gobernador emanado del movimiento, y al final, como siempre, el acceso a la justicia de las víctimas.
Esas son las prioridades.