Por Edgar Hernández*
Las atrocidades del gobierno de Cuitláhuac García.
Tal vez por a la escasa difusión que en su momento se le dio o porque la consumación del atropello fue escondido por el “Bola #8”, el punto es que Yolli García Álvarez, titular del IVAI, fue llevada a prisión hace más de 630 días luego de negarse a ocultar las irregularidades del gobierno de Cuitláhuac García.
Es una presa política que no ha sido juzgada y es objeto de agravios, maltrato, falta de alimentos y atención médica en el penal de Pacho Viejo donde se encuentra recluida.
Mientras el gobernador niega conocer el caso.
Las evidencias, sin embargo, ahí están. Fueron entregadas por Yolli García Álvarez a su familia para que las hiciera llegar a la Comisión senatorial que investiga violación de los derechos humanos y presos políticos en Veracruz.
Yolli fue aprehendida y privada de su libertad el 26 de marzo del 2020, un día después de concluir su encargo, acusada de supuestamente haber nombrado a personal del Órgano Interno de Control del IVAI, sin tener atribuciones para ello.
La de Yolli ha sido una historia de absurdos gestada por el gobierno de Morena.
El 22 de diciembre del 2020 fue acusada de un nuevo delito, señalándosele que su omisión de no haber dotado de presupuesto al Órgano Interno de Control, trajo como consecuencia que no se nombrara al personal de esa área, es decir, ese mismo personal del que también se le acusó de haber nombrado de manera irregular.
A pesar de que ninguno de los delitos de los cuales se le acusa es considerado grave, ni amerita prisión preventiva oficiosa, va para dos años de privación de su libertad y sin la debida atención médica en el Reclusorio de Pacho Viejo, Veracruz.
En el mes de marzo de 2019, el titular del Órgano Interno de Control presenta diversos escritos, solicitando a Yolli García Álvarez, como presidenta del Instituto, que le asigna su presupuesto, señalando que se le deben entregar directamente a él más de tres millones de pesos, en los que se contemplaba un sueldo de director de 50 mil pesos y tres sueldos para sus subdirectores de alrededor de 35 mil pesos. Sueldos que el contralor toma del Poder Ejecutivo.
En el mes de marzo del 2020, un año después se ejecuta una orden de aprehensión en su contra, un día después de haber concluido su cargo como comisionada del IVAI.
Los otros dos comisionados que integraban el Pleno, fueron invitados a renunciar con la promesa de liberar a Yolli García, lo que hicieron inmediatamente después de su detención.
En el mes de abril se vincula formalmente a proceso a Yolli García Álvarez y de manera ilegal e injustificada se dicta la medida cautelar de prisión preventiva en su perjuicio por seis meses, misma que actualmente se encuentra como indefinida.
Los supuestos delitos de los que se le acusa no son considerados graves, y, por tanto, no ameritan prisión preventiva.
Sin embargo, ella ya tiene más de 630 días internada en el cerezo de Pacho Viejo, Veracruz, enfrentando sus procesos frente a un juez de consigna y un Poder Judicial del Estado sumiso.
En el mes de agosto del 2021, 50 integrantes o exintegrantes de 28 organismos garantes de transparencia del país, suscribieron un desplegado mostrando preocupación por su proceso.
En el mes de diciembre, se realiza una audiencia en la cual se ratifica, por tiempo, indefinido, la medida cautelar de prisión preventiva.
Es importante destacar que la titular del área de transparencia de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, que encabeza Eric Cisneros, es nombrada posteriormente presidenta del IVAI en abril del 2020.
El Fiscal Anticorrupción, que solicitó la aprehensión de Yolli García Álvarez, es designado comisionado por el Instituto para ocupar uno de los dos espacios de los comisionados que renunciaron cuando apresaron a la citada, mientras que el Fiscal que directamente acusó y dio seguimiento al inicio del proceso en su contra, es nombrado director Jurídico del propio IVAI.
Conclusión:
Evidente por lo burdo el interés de encarcelar a Yolli García para tomar el control del organismo garante de transparencia de Veracruz, porque en los hechos ella y sus dos compañeros, hoy ex comisionados, demostraron, desde diciembre del 2018 su independencia, al obligar a distintas dependencias del gobierno estatal, a entregar información que indebidamente habían clasificado como reservada, y porque abrieron procedimientos oficiosos contra servidores públicos de primer nivel, entre otras cosas, por usar fotos de niños y exhibir datos personales.
Es evidente que Yolli García Álvarez es una presa política más del estado de Veracruz, y que su único delito fue haber incomodado y causado molestia en el Poder Ejecutivo Estatal, al cumplir con sus obligaciones como comisionada encargada de garantizar el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales en Veracruz, en el periodo de diciembre de 2018 a marzo de 2020.
Su encarcelamiento debe ser considerado como una violación grave a sus derechos humanos y como un atentado a la libertad de expresión, que se nutre de la información pública para poder ser ejercida por al menos dos razones:
Primero. Intimida a cualquier comisionado o comisionada del estado de Veracruz y de todo el país.
Segundo. Se puede presumir que los hechos que los comisionados, designados tras sus renuncias, fueron designados a modo para proteger y no incomodar al gobierno estatal.
De ese tamaño son las atrocidades del gobierno de Cuitláhuac García.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo