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AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Luego de haber coordinado la estructura electoral de Morena en los comicios de 2018, en los que el partido obradorista ganó la Presidencia de la República y la gubernatura, las dos senadurías y la mayoría de las diputaciones locales y federales en Veracruz, Erick Cisneros Burgos tenía planeado retornar a Baja California Sur, la entidad donde llegó a residir durante su adolescencia luego de que por razones laborales de su padre, la familia tuvo que mudarse de Otatitlán, en la Cuenca del Papaloapan.
En aquella entidad peninsular se graduó de ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y luego cursó una maestría en Finanzas en la Universidad Internacional de La Paz. Allá fue asesor del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, de la alianza PRD-Convergencia, el cual fue encarcelado durante 7 meses en 2012 por peculado y exonerado en 2014; también se desempeñó como tesorero municipal de Mulegé; fue diputado suplente por el 04 distrito local electoral en la IX Legislatura del Congreso del Estado, y posteriormente, en 2015, se integró como asesor al grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que era coordinado por Rocío Nahle y del cual formaba parte el legislador xalapeño Cuitláhuac García Jiménez, quien por primera vez sería postulado a la gubernatura en 2016.
Desde entonces data la relación del mandatario veracruzano con Cisneros Burgos, a quien convenció de integrarse a su gabinete como secretario general de Gobierno, cargo donde el cuenqueño de nacimiento ha concentrado y ejercido un gran poder que obviamente le ha generado fuertes críticas de la oposición y celos políticos e inclusive enconos entre algunos morenistas, como por ejemplo el líder del Senado, Ricardo Monreal, y Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del zacatecano, quien a mediados de enero convocó a conferencia de prensa en Xalapa para pedir su destitución.
Y es que los opositores y hasta sus propios correligionarios le atribuyen, por ejemplo, la persecución política que desde la Fiscalía General del Estado se ha desplegado en contra de los adversarios de Morena, pues la fiscal Verónica Hernández Giadáns, su incondicional, saltó a finales de 2019 de la Dirección Jurídica de la Segob a la FGE. Pero también tiene el control de la representación estatal de la Fiscalía General de la República a través del delegado de la FGR, Gonzalo Medina Palacios, quien anteriormente dirigía el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, que también depende de la secretaría de Cisneros.
Por eso, aparentemente ni se inmutó cuando el 7 de enero pasado fueron arrojados 9 cadáveres en el municipio de Isla y circuló un video en el que un grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación interrogaba a un presunto sobrino suyo que radicaba en Quintana Roo y que según confesó fue traído supuestamente por Cisneros a Veracruz para “calentar” la plaza en contra del CJNG.
Por este suceso, que tuvo resonancia nacional, la prensa bajacaliforniana retomó el caso y publicó que el secretario de Gobierno de Veracruz era el presunto propietario de un rancho valuado en 20 millones de pesos en el poblado de San Pedro, al sur de la capital del estado, cuya obra le habría sido encomendada a su amigo, el constructor Ángel Espinoza, tío de la ex regidora de La Paz y actual directora de Administración de la Secretaría de la Salud, Marcela Amador Murga, que inexplicablemente resultó ser propietaria de terrenos y departamentos en esa entidad, los que no pudo haber adquirido con su sueldo de edil en la administración del ex munícipe Rubén Muñoz Álvarez.
Y ahora, Cisneros es señalado de ser el dueño de una majestuosa mansión que ocupa toda una manzana en el fraccionamiento Santa María, sobre la carretera Coatepec-Xico, sobre terrenos de la familia de Erich Pius Kaufmann Cervantes, un coatepecano que actualmente es titular de la Notaría Pública número 31 en Los Cabos, adonde emigró la década anterior en una precaria situación financiera y en unos años logró amasar una cuantiosa fortuna.
Casualmente, la administradora de la Notaría de Kaufmann y representante legal de empresas registradas en Estados Unidos como ORES Servicios, S. de R.L. de C.V., que presta servicios profesionales científicos y técnicos; Maravilla Beach Club S. de R.L. de C.V., que ofrece servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, y Vista Serena Servicios S. de R.L. de C.V., perteneciente al sector de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, se llama Henia María Cisneros Burgos y es, obviamente, hermana del funcionario morenista.
FGE Y FGR, EN ENTREDICHO
Por cierto, en redes sociales fue muy cuestionada la declaración que hizo este lunes el gobernador Cuitláhuac García, quien pidió a los opositores que integran el Movimiento por la Justicia que sean claros en sus intenciones de liberar a los detenidos por “ultrajes a la autoridad”, pues dijo que son 40 jefes de plaza de la delincuencia organizada detenidos por este delito reformado, ya que sólo así se les pudo llevar ante la justicia,
“Si se deroga el delito, alguien tiene que responder por ellos si quedan libres; por eso pregunto: ¿a quién defienden?”, cuestionó el mandatario veracruzano, quien sin querer puso en evidencia también la deficiente o de plano nula capacidad de investigación tanto de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, como de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, que encabeza Gonzalo Medina Palacios, ambos incondicionales del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, los cuales, se sobreentiende, no habrían podido sumarles y comprobarles más cargos penales del fuero común y federal, para evitar que sean liberados impunemente.
Pero de acuerdo con la cifra que dio en su reciente comparecencia ante el Congreso local la fiscal Hernández Giadáns, aparte de estos 40 capos criminales hay otros 993 presos por este polémico delito, muchos de los cuales fueron detenidos y encarcelados injustamente, tal como se demostró con el caso de los seis jóvenes xalapeños liberados en diciembre pasado tras la presión política y mediática del senador Ricardo Monreal, que inclusive motivó una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía General del Estado y al gobernador García Jiménez por el abuso de los policías estatales.