Si coincidiéramos con el calificativo de “estelar” que el presidente López Obrador le atribuye “al momento histórico que estamos viviendo” tendríamos que adjudicar similar calificación a su lucha contra el Instituto Nacional Electoral, el mismo órgano electoral que, derivado del IFE, después de tantas tribulaciones electorales la oposición consiguió su creación, y gracias al cual se han extinguido las protestas callejeras, los bloqueos carreteros, las quemas de urnas y boletas electorales y tomas de palacios municipales. Ese esquema, por sí solo, nos remite su positivo aporte utilitario a la democracia. Ahora mismo, el INE transita por un litigio para conseguir recursos y estar en aptitud de afrontar los gastos de la organización de la Revocación de Mandato, impulsada desde la cúpula del poder; sin embargo, y pese a esto último, la mayoría de la Cámara de diputados (MORENA) le negó los mil 738 millones de pesos adicionales para ese propósito, requeridos para poder instalar las 161 mil mesas de votación que se tenían planteadas originalmente, en caso contrario, sólo se podrían colocar 53 mil mesas. Hacienda ya contesto al INE la negativa de recursos porque no está considerado en el presupuesto de egresos. La queja del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial fue atendida por éste órgano, el cual abordó el tema de la libertad de gestión “que impide que se le pueda ordenar la adopción de decisiones y medidas específicas en el ejercicio de su presupuesto”. En igual sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia al dictaminar que la consulta en comento la hará el INE “según se lo permita su presupuesto”, además exenta a los consejeros del órgano electoral de la posibilidad de sanciones penales en su contra. Así las cosas, la Revocación de Mandato se llevará a cabo instalando solo 53 mil mesas de votación, no las 161 mil necesarias. De esta manera, necesariamente será prácticamente imposible voten los más de 37 millones de ciudadanos, pero, a su vez, será perfecta excusa para justificar la baja participación electoral.