ALPIE0220
Al Pie de la Letra
Raymundo Jiménez
El lunes anterior comentamos que en octubre del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador había abordado en una de sus conferencias de prensa el escandaloso tema de los proyectos de prestación de servicios (PPS), un tipo de asociación público-privada (APP) que según datos de la Secretaría de Hacienda actualmente tiene comprometidos 56 mil 655 millones de pesos de las participaciones federales de estados y municipios. Y referíamos que un caso grave es el de Veracruz, donde más extendida se encuentra la contratación de PPS, sobre todo entre municipios que en 2017, en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, adquirieron alumbrado y “aplicación de tecnologías en servicios públicos” bajo contratos de 12 a 25 años con la firma NL Technologies S.A. de C.V., de Monterrey, Nuevo León. Mencionamos que tan sólo Chiconquiaco, municipio cercano a Xalapa, con 90% de su población en pobreza, el saldo por pagar (25 millones de pesos) es 314.87 por ciento superior al monto de inversión (6 millones de pesos).
Pues bien, ahora nos enteramos que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en su Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas 2020, observó al Ayuntamiento de Poza Rica un probable daño patrimonial de 10 millones 408 mil pesos en dos observaciones derivadas de un contrato de APP con esta empresa regiomontana en la modalidad de concesión para prestar el servicio de alumbrado público.
El ORFIS, que reporta directamente a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, identificó pagos duplicados por el concepto del servicio de energía eléctrica, derivado del hecho de que NL Technologies incumplió con los compromisos contractuales asumidos con el Ayuntamiento pozarricense, teniendo que hacerse cargo del pago de la energía eléctrica este último.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) retuvo y enteró participaciones federales al Fideicomiso de Garantía y Pago número 011031005134, constituido ante Banco Afirme S.A., vinculado al contrato de Asociación Público-Privada, que en reiteradas ocasiones fue omiso en el cumplimiento de sus obligaciones legales y no pagó, como era su obligación, el importe de la facturación por concepto de alumbrado público, lo que obligó al Ayuntamiento de la antigua Petrópolis a realizar el pago a CFE para evitar la interrupción del servicio, de lo que se derivan las observaciones mencionadas.
Como se señaló, las observaciones se refieren al ejercicio 2020, por lo que de seguir la empresa y el fideicomiso en el mismo tenor, a la fecha se estimaría un probable daño patrimonial al Ayuntamiento de Poza Rica de más de 35 millones de pesos.
El Ayuntamiento, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio de los pozarricenses, requisó el servicio de alumbrado público a NL Technologies e inició el proceso de revocación de concesión y recisión del contrato según la Gaceta Oficial del Estado número 248 de fecha 23 de junio de 2021. Pero dichas acciones aún no se encuentran en proceso.
NL Technologies no sólo opera en Poza Rica sino en otros 20 municipios más de Veracruz, lo cuales enfrentan los mismos problemas con esta empresa que ha sido demandada también por ediles de Tabasco, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Chihuahua, entre otros estados, por su falta de responsabilidad e incumplimiento de sus obligaciones legales.
Sin embargo, a pesar de que el Ayuntamiento que preside el ex beisbolista Fernando “El Pulpo” Remes Garza requisó el servicio e inició los procesos de revocación de la concesión y de rescisión del contrato, con estricto apego al marco jurídico, la Sefiplan, que paradójicamente encabeza su paisano, el economista pozarricense José Luis Lima Franco, ignorando la autonomía constitucional de los municipios, ha estado reteniendo las participaciones federales de Poza Rica mientras que la empresa y el fideicomiso continúan con la práctica criminal de no pagar la energía eléctrica consumida por el alumbrado público, obligando con ello al Ayuntamiento a distraer recursos destinados a otros rubros para suplir la irresponsabilidad de esas empresas y no dejar a oscuras a la población.
Por eso vale preguntar: ¿quién apoya entonces a los municipios? La Sefiplan evidentemente no, pues en lugar de velar por el patrimonio de los veracruzanos, parece estar más comprometida con los de esta desacreditada empresa cuyo representante legal es Carlos Manuel Knight Crespo, sobrino del ex delegado de la SCT en Veracruz y Tamaulipas, William David Knight Bonifacio, suegro del ex senador panista Roberto Gil Zuarth, muy allegado al ex presidente Felipe Calderón.
¿Sabrá el presidente López Obrador de los presuntos trastupijes que sus “aliados” de la 4T en Veracruz están haciendo con esta corrupta empresa ligada a las rémoras del calderonismo?
En una próxima entrega detallaremos la retahíla de incumplimientos en los que ha incurrido desde hace más de tres años esta consentida y abusiva empresa regiomontana, por los que las autoridades estatales, en apoyo de los ayuntamientos defraudados, no sólo ya le debieron haber revocado la concesión y rescindido los contratos sino también sancionarla económicamente y hasta fincarles responsabilidad penal a sus fraudulentos representantes.
Y es que se sabe, por ejemplo, que el 17 de noviembre de 2020 la empresa Soluciones de Energía Controlada presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional Zona Centro del Estado de Veracruz contra NL Technologies, del empresario Carlos Manuel Knight, por presentar dictámenes técnicos falsos para resultar favorecida en la licitación del servicio de alumbrado público en 15 municipios veracruzanos.
¿Alguien sabe por qué en la Fiscalía General del Estado, a cargo de doña Verónica Hernández Giadáns, no le dan a esta denuncia la misma celeridad que a las de “ultrajes a la autoridad”?