*Es inconstitucional, acuerdan los ministros, y viola taxatividad, legalidad y libertad de expresión
*Ministro ponente desestimó las reformas de este domingo realizadas por el Congreso
*Diez votos a favor
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este lunes declarar inconstitucional el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, aludiendo razones de taxatividad (imprecisión), adicionalmente a que viola los derechos a la libertad de expresión y a la información. El proyecto fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez defendió hasta el último momento la vigencia de ese delito, modificado por su gobierno hasta volverlo grave y por tanto ameritar prisión sin derecho a fianza, lo que ha llevado a que miles de veracruzanos estén encarcelados con esa excusa.
Este domingo, el gobernador de Veracruz publicó una carta abierta dirigida a los ministros de la Corte en la que trata de coaccionar a los máximos togados del país, con argumentaciones como que “de declararse inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrán sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos”.
Los pretendió convencer de que “las personas que estén en prisión por haber cometido este ilícito, quedarían en libertad, por lo que este hecho causará un precedente jurídico y obligatorio a nivel nacional, toda vez que este tipo penal y el bien jurídico que tutela se encuentran presentes en la legislación penal de la mayoría de los Estados que integran la federación”.
Este domingo también el Congreso sesionó de manera extraordinaria para aprobar con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la iniciativa de reforma al artículo 331 del Código Penal de Veracruz, enviada desde el 31 de enero por el gobernador, que deja intacto el delito, al solo eliminar dos párrafos del mismo.
El minstro Pardo consideró irrelevantes las modificaciones hechas por el Congreso este domingo.
El artículo 331 del Código Penal de Veracruz fue establecido por el gobierno de la 4T donde se plantea que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.