Según cifras oficiales, México es el segundo país de América Latina donde se comete más violencia homicida contra las mujeres y donde la impunidad para con los victimarios es casi total, pues de acuerdo con informes elaborados por diferentes organismos nacionales e internacionales alcanza entre el 97% y el 99%.
El último escándalo en este terrible escenario surgió a raíz del caso de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció el 9 de abril y cuyo cuerpo fue hallado sin vida por las autoridades en la madrugada del viernes 22 en el perímetro de un motel en Nuevo León que ya había sido inspeccionado en reiteradas ocasiones en los últimos días por las autoridades de aquella entidad.
Como era de esperarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el pésame a la familia de la víctima y dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República asuma la investigación del caso ante las inconsistencias en la actuación de la fiscalía estatal. Sin embargo, el primer mandatario se negó a establecer una alerta por feminicidios en el estado de Nuevo León, pese a que, durante las pesquisas del crimen de la joven, en el terreno donde se dio su desaparición, las autoridades hallaron los cuerpos de otras cinco mujeres dadas como desaparecidas en el mismo perímetro.
Lógicamente las protestas se desataron en todo el país tras este artero crimen que cimbró de nuevo a la sociedad mexicana y nos ha regresado de golpe a los tiempos terribles de “Las muertas de Juárez”, allá por la década de los noventa, y que ahora serían las de Nuevo León.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en su más reciente informe señaló que al menos 10 mujeres continúan siendo asesinadas al día y recordó que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 fueron asesinadas 3 mil 750 mujeres, niñas y adolescentes, de los cuales sólo mil cuatro se investigan como feminicidio y su mayoría como homicidios dolosos.
La palabra «feminicidio» se hizo popular entre nosotros en los años noventa, justamente tras los casos de las tristemente célebres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Desde entonces, el concepto de homicidio de mujeres por razones de género pasó a formar parte del marco legal, pero no fue hasta 2012 cuando el término se añadió al Código Penal Federal, aunque debe decirse que la tipificación de los feminicidios no es común a los 32 estados mexicanos.
Un dato relevante es que los colectivos feministas mexicanos denuncian que el sesgo en la tipificación del delito de feminicidio impide que la gran mayoría de asesinatos contra mujeres se investiguen y se juzguen como tal, lo que implica un infrareporte en las estadísticas y una imagen alejada de la realidad. Se comenta que las procuradurías y las fiscalías estatales estarían recibiendo órdenes para tratar los feminicidios como homicidios dolosos o culposos como forma de adelgazar las estadísticas. De acuerdo a la información de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en su auditoría sobre el tema en 2019, un 46% de los feminicidios se tipifican como “homicidios dolosos” para moderar las estadísticas.
El primer trimestre del año 2022 cerró con 229 feminicidios, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la lista fue encabezada por el Estado de México con 39 casos, seguido de Nuevo León y Veracruz con 21 casos cada uno.
El clima propicio a la violencia contra las mujeres comienza con el acoso, laboral o sexual, que termina en escasas o nulas sanciones aplicadas y donde en prácticamente todos los casos se ha protegido a los abusadores, se minimizan las denuncias y se hacen oídos sordos a denuncias penales interpuestas ante las fiscalías, donde los expedientes se acumulan y duermen el sueño de los justos.
Y si bien en los últimos años ha habido avances como el impulso a la Ley Olimpia, para tipificar como delito la violencia digital; y la Ley Ingrid, que condena a funcionarios que difundan información sobre las víctimas, estos palidecen ante la gravedad del problema.
Y ello se hace más complejo de atender cuando el mismo presidente desaira al movimiento feminista como un actor social relevante y lo ve como parte del bando de sus adversarios “neoliberales”. Quizá por visiones como ésta que minimizan la violencia machista, el titular de la Fiscalía General de la República. Alejandro Gertz Manero pretendía en el 2020 la eliminación del tipo penal de feminicidio para investigarlo como homicidio agravado porque complicaba «inútilmente la judicialización».
Lo que es incuestionable es qe los datos reflejan una falta de resultados en la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país.
Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona, asociación que forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), lo resume claramente: “(urge) revisar qué está fallando de los pocos esfuerzos que se hacen. Y porque se está actuando de manera tardía. Creo que esas narrativas donde se justifica, donde se minimiza, insensibiliza, donde se niega la violencia, nos ha dado como resultado que México esté en esta crisis humanitaria, tanto por las desapariciones de personas en general, de niñas y mujeres, así como los feminicidios y otras violencias”.
Tal cual. Mientras no se asuma esa lacerante realidad, México seguirá siendo territorio feminicida, gobierne quien gobierne. El dato de que entre 2015 y 2022 la tasa de feminicidios en México ha aumentado un 121%, y que sitúa a la nación como el territorio de la región de América Latina y El Caribe donde más feminicidios se perpetran, sólo por detrás de Brasil, es penoso y escalofriante.
Por ello, los discursos sobre el tema se quedarán solo en eso y las normas que buscan garantizar el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, segurián siendo letra muerta, mientras no se asuma la gravedad de la situación y se actúe en consecuencia.