A finales de agosto de 2019, el aún titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, declaró vía telefónica a varios programas radiofónicos de la Ciudad de México –entre ellos los noticieros de los periodistas Carlos Loret y Ciro Gómez Leyva–, que durante esos primeros nueve meses de la administración estatal de Morena se había reunido muchas veces con el gobernador Cuitláhuac García “y no veo que sea un tipo mal intencionado, pero creo que alrededor de él hay gente que lo mal aconseja”, añadiendo que “puede ser por falta de experiencia o porque su grupo le quiere causar daño.”
Y es que en esa ocasión, luego de que en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer una información errónea proporcionada por el gobierno de Veracruz sobre el presunto autor material del multihomicidio en el centro nocturno “Caballo Blanco”, de Coatzacoalcos, el abogado yunista había salido a aclarar que no fue la Fiscalía estatal a su cargo la que tres semanas antes de la masacre había liberado a Ricardo Romero Villegas, (a) “La Loca”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa plaza porteña, sino que había sido el Ministerio Público federal.
La semana anterior, la FGE, que desde hace casi tres años encabeza Verónica Hernández Giadáns –una incondicional del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, con quien colaboró hasta septiembre de 2019 como directora Jurídica de la Segob–, chocó con la Coordinación Nacional Antisecuestro por la detención equivocada de un joven repartidor de comida rápida y estudiante del Instituto Tecnológico de Xalapa, quien resultó ser homónimo de Antonio de Jesús “N”, alias “El Mara”, presunto asesino de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, ejecutadas el antepasado lunes 9 de mayo en Cosoleacaque.
Sin embargo, la desinformación y medias verdades que le sueltan sus colaboradores colocan al gobernador Cuitláhuac García en situaciones cada vez más comprometedoras. El último caso, el de Viridiana Moreno Vázquez, desaparecida desde el 18 de mayo en Ciudad Cardel y cuyo cadáver habría aparecido este martes en Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, ha puesto al mandatario veracruzano en un serio aprieto legal luego de haber declarado días antes que “ella no está desaparecida, ya la tenemos resguardada”.
Inclusive, como parte de la indagatoria ministerial, la fiscal Hernández Giadáns estaría obligada a tomarle declaración a García Jiménez para que diga por qué informó que la víctima no estaba desaparecida y qué autoridad la tenía bajo su resguardo, ya que el supuesto cuerpo de la joven oriunda del municipio de Tlaltetela apareció desmembrado.
Ciudad Cardel, cabecera municipal de La Antigua, es un punto estratégico que por su conexión carretera hacia el noreste, centro y sureste del país operan desde hace más de 30 años grupos criminales que originalmente se dedicaban solo al narcotráfico pero luego pasaron a la extorsión, secuestros, trata de personas, huachicol y últimamente al tráfico de indocumentados.
Se sabe de algunos empresarios de la región que recientemente han sido víctimas de comandos armados que asaltan y desvalijan sus residencias. Pero temen denunciarlos formalmente porque sospechan que estarían coludidos con la policía estatal, cuyos elementos ya fueron exhibidos por robarles a una familia de estadounidenses que a finales de diciembre de 2018, recién iniciada la actual administración estatal, habían viajado a Veracruz para pasar las fiestas de fin de año con sus parientes en Santa Rosa, una congregación cercana a Ciudad Cardel pero que pertenece al municipio de Actopan.
Este caso todavía le tocó investigarlo al anterior fiscal Winckler Ortiz, a quien nueve meses después, el 3 de septiembre de 2019, la Comisión Permanente del Congreso local separó temporalmente de la FGE por no contar con certificación de confianza y su revalidación. De manera provisional fue nombrada como encargada de despacho Verónica Hernández Giadáns, a la sazón directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, quien al año siguiente sería ratificada en el cargo luego de que el abogado yunista anda en calidad de prófugo hasta la fecha.
Como se recordará, tres semanas después de su separación del cargo, el 21 de septiembre de 2019, un juez libró orden de aprehensión en contra de Winckler y de otros cinco ex funcionarios de su primer círculo de confianza. El delito que les imputan es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro en agravio de Francisco Zárate Aviña, jefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue el primer titular de la nueva Fiscalía General del Estado, desde la segunda mitad del sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa hasta el 30 de diciembre de 2016, al inicio de la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares.
¿Alguien nota algún cambio en la Fiscalía veracruzana? Y es que, ayer, familiares y amigos de Viridiana Moreno expresaron sus dudas de que el cadáver hallado en Chachalacas sea el de la joven de Tlaltetela, por lo que solicitaron que la Fiscalía General de República atraiga este caso. Se quejaron también de que la FGE ni siquiera había cateado el hotel de Ciudad Cardel a donde la víctima había ido a una entrevista de trabajo y luego desapareció.