El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este fin de semana en Sinaloa para supervisar las obras de la carretera que unirá Batopilas, en ese estado, y Guadalupe-Calvo, en Chihuahua. Son 292 kilómetros que cruzan la sierra Madre Occidental en la región que se le conoce popularmente como el Triángulo Dorado –con la confluencia de Durango–, que históricamente ha sido terreno del narcotráfico. Todo lo que sucede ahí ha estado por más de una generación bajo control del Cártel de Sinaloa, amo y guardián de una zona donde se escondió por años Joaquín El Chapo Guzmán, y donde vive, de acuerdo con la información de inteligencia del gobierno, Ismael El Mayo Zambada, el enigmático jefe de esa organización.
Cualquier persona desconocida en la región que haya intentado cruzar la sierra sabe perfectamente que eso no es posible a menos de que su vida no le importe nada. Hay incluso retenes en algunas zonas de entrada por Durango, donde los propios militares desvían a quienes equivocadamente intentan tomar una de las carreteras para llegar a Sinaloa. Quien ingresa en esa zona se mete en problemas. No recorre mucha distancia para ser detenido en retenes del Cártel de Sinaloa, que operan sin que el Ejército lo evite. En esos filtros criminales puede pasar lo que sea.
El Triángulo Dorado tiene una historia de 70 años de cultivo de amapola –antes de que existieran los cárteles–, que trabaja entre 75 y 95 por ciento de los hombres, las mujeres y los niños, de acuerdo con un estudio que dio a conocer el año pasado el Programa Noria para México en alianza con México Unidos contra la Delincuencia y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California. De la amapola sale la goma de opio, que se convierte en heroína para exportarse, en un 90 por ciento, a Estados Unidos y Canadá.
El total de municipios dedicados a la amapola en el Triángulo Dorado son 24, que incluyen Badiraguato y Guadalupe-Calvo, por lo que la obra, cualquiera que haya sido la motivación de construirla, beneficiará completamente al Cártel de Sinaloa, como otras más, como el canal interoceánico lo hará al tener el control de todos los municipios que atraviesa. No será la única que les deje el presidente López Obrador. En su gira del fin de semana también supervisó las obras del eje interestatal Durango-Culiacán, que conectará de manera rápida a Tamazula, el municipio preferido por los líderes del Cártel de Sinaloa para esconderse, no sólo por lo agreste del terreno, sino por la base social que los protege.
El que las obras de López Obrador beneficien tanto al Cártel de Sinaloa no significa automáticamente que haya un quid pro quo. Sin embargo, la creciente percepción de que el inquilino de Palacio Nacional tiene una relación extraña con esa parte del narcotráfico, ha sido originada por las propias declaraciones de López Obrador. Varias de ellas fueron hechas precisamente en su reciente gira por Sinaloa.
El viernes en Culiacán, indignado porque hay una crítica generalizada a su no política de seguridad, insultó como siempre y dijo que “tenían más poder para designar gobernadores y hasta presidentes los delincuentes de cuello blanco que la delincuencia organizada”. La gran paradoja de su explosión retórica es que la hizo en el estado donde, en las elecciones para gobernador el año pasado, las denuncias abundaron sobre cómo los sicarios del Cártel de Sinaloa privaron de su libertad a candidatas y candidatos, a operadores electorales de la oposición, y lanzaron amenazas de muerte contra involucrados en el proceso y contra gente que quisiera votar contra el candidato de Morena, Rubén Rocha. Todos los municipios con fuerte presencia de esa organización fueron ganados por candidatos de Morena, y en algunos municipios de competencia se robaron las urnas. Quien puso al gobernador, por lo que se vio, fue el Cártel de Sinaloa. Qué tanto supo Rocha de ello, es otra cosa y no hay prueba directa de ello.
El Presidente supervisó las obras por aire, pero la prensa que lo acompañaba viajó por carretera. En la sierra, fueron detenidos por un retén criminal en Bacoragua, que los dejó cruzar. Tuvieron la suerte de ir al evento de López Obrador, quien desde la campaña presidencial podía cruzar retenes criminales sin problema, y puede recorrer zonas del país sin protección militar, en regiones donde el Ejército no entra. Son de esos milagros en la protección del Presidente que añaden opacidad a su relación con el narcotráfico.
Cuando le preguntaron sobre el retén, lo minimizó por completo. No les pasó nada, justificó. Cuando insistieron en la portación de uniformes militares por parte de los criminales, también lo subestimó. Está mal, dijo, pero también sucede en otras partes del país, como en Jalisco, refiriéndose indirectamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Para él no es grave que tengan uniformes reglamentarios del Ejército, sino que se porten bien. La serie de preguntas motivó una obvia, sobre el control territorial del crimen organizado en el país, que llevó a una respuesta inverosímil. “No, eso piensan los conservadores”, dijo.
Los conservadores, en su lógica, son quienes también son criminales de cuello blanco o los respaldan. Su obsesión es el expresidente Felipe Calderón, quien cuando llegó al poder enfrentó a cárteles de la droga que tenían bajo su control 80 municipios, de un total nacional de 2 mil 471. En la actualidad, de acuerdo con un informe oficial del Pentágono, más de 30 por cinento del territorio nacional –823 municipios– es controlado política y económicamente por criminales.
Las palabras del Presidente no van a poder con la realidad. Su política de no enfrentar criminales los ha fortalecido, al tiempo que el Presidente ha debilitado al Estado mexicano. Su sexenio será el más violento en la historia de México y dejará un país, en parte, en manos de criminales y destruido. El lado oscuro de López Obrador dejará un legado espantoso, para quien lo suceda y para el país.