Cuando en la década de los años noventa del siglo XX mexicano empezamos a advertir con mayor frecuencia la aparición de puestos militares de revisión en las carreteras de nuestro país la discusión se centraba en la inconstitucionalidad de ese hecho pues, se decía, contravenía al libre tránsito por territorio nacional establecido en nuestra Carta Fundamental. Entonces no sufríamos los elevados índices delincuenciales de la actualidad y las carreteras, las calles citadinas, los centros de diversión, los festejos familiares en despoblado eran seguros, tres muertos en algún evento de violencia constituían un verdadero escándalo. Sin embargo, algo bullía en los sótanos sociales y no lo advertíamos como sí lo sabía el gobierno, de allí que de manera preventiva el presidente Ernesto Zedillo introdujo cambios constitucionales en materia de Seguridad Pública elevando está función a rango constitucional como una función de Estado, es decir los tres órdenes de gobierno estaban obligados a ponerle atención: en el artículo 115 constitucional desapareció la seguridad pública como un servicio municipal y el artículo 21 estableció lineamientos para la prevención y operación de seguridad pública. Cinco gobiernos federales y más de 20 años después el balance marca números negativos para los gobiernos federales, incluido el actual, y está por demás señalar que los jóvenes veinteañeros nunca han disfrutado de la paz y tranquilidad de las generaciones previas a su nacimiento. Entre el lapso referido- década finisecular- y la tercera década del presente siglo han corrido ríos de sangre de mexicanos inocentes y de los delincuentes, miles de desaparecidos, cientos de tumbas clandestinas, extorsiones y secuestros, todos delitos de alto impacto dan sustancia a la narrativa cotidiana, es el costumbrismo mexicano de la actualidad. Pero ¿quién pondrá fin a ese lúgubre escenario? Lamentablemente, después de lo hasta ahora visito no hay respuesta. Porque desde un despistado regidor xalapeño- Diego David Florescano Pérez- quien se atreve a hablar por los empresarios locales asegurando que no están preocupados por la extorsión, que a su parecer no existe en la región, hasta nuestro presidente de la república, para quien un retén formado por civiles armados no debe ser preocupante, nos hacen sentir en la más absoluta indefensión. ¡Oh! y ahora ¿quién podrá salvarnos? No será el Chapulín colorado, por supuesto.
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