El voto de castigo

Por observación debemos concluir de manera empírica que es muy difícil asumir la existencia del llamado voto de castigo como factor electoral determinantes, considerado este como una reacción ciudadana en contra del mal gobierno del partido en el poder. Sin embargo, tenemos constancia fidedigna acerca de que no siempre el partido en el gobierno está en riesgo de perder una elección a causa de una mala gestión pública. Por supuesto, participan variables de no...
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Veracruz quebrado

Se ha dicho aquí, hasta la saciedad. El nuevo gobierno de Veracruz recibió las finanzas públicas en absoluta quiebra. Hay problemas estructurales, como la falta de fondos para la nómina educativa, el subsidio a las pensiones y la falta de recaudación propia (o sea, la dependencia de las participaciones federales). Pero la ratería, la rapiña en el manejo del dinero público, que no sólo no detuvieron sino incrementaron astronómicamente Cuitláhuac García, su primo Eleazar Guerrero y muchos otros gaseosos, por ahora impunes, llevaron el robo al extremo (no me...

Gutiérrez Luna presenta iniciativa para que periodistas tengan seguridad social y acceso a la salud

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Con el objetivo de dar sustento legal al programa anunciado por el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, en torno a otorgar seguridad social y acceso a la salud a las y los periodistas que ejercen por cuenta propia, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó, este miércoles, una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social y la Ley General de Salud.

El legislador indicó que la propuesta, turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación, representa un acto de justicia social, al facilitar el acceso a la seguridad social y a la salud a ese gremio tan relevante para la vida democrática del país.

 Afirmó que “se trata de una medida histórica, porque por primera vez, en décadas, se reconoce la contribución de las y los periodistas en la consolidación del proceso democrático y en la labor informativa a la sociedad cada vez más demandante y crítica”. 

La iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social y la General de Salud, define a los periodistas por cuenta propia como las personas físicas sin seguridad social que ejerzan en territorio nacional el periodismo, sin contar con un patrón ni percibir un salario por la labor informativa que desempeñan.

Dijo que la propuesta da sustento legal y articula el programa anunciado por el presidente de la República, el pasado 7 de junio, por lo que el fin es garantizar el acceso a los cinco seguros que comprende el régimen de seguridad social: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro y cesantía en edad avanzada, así como guarderías y prestaciones sociales. 

Indica que dicho acceso universal y no discriminatorio a los seguros que comprende el régimen obligatorio de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, será través del Programa de Aseguramiento para Personas Periodistas por Cuenta Propia, que emita el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y en coordinación con el Instituto y demás autoridades competentes del sector salud, en el que, considerando las reglas de financiamiento al mismo, se fijen los términos, modalidades y alcances del aseguramiento.

En la Ley General de Salud, incluye de forma expresa a los periodistas por cuenta propia como sujetos que habrán de recibir a prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social que está a cargo de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Argumenta que el INSABI y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución efectiva de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos para personas sin seguridad social y periodistas independientes.

Para el financiamiento de este régimen el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas deberán aportar por lo menos 10 por ciento de su presupuesto anual destinado a comunicación social. En ningún caso el porcentaje de presupuesto anual destinado a Comunicación Social podrá ser disminuido en los ejercicios fiscales subsecuentes.

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