viernes, diciembre 8, 2023

Matrimonio igualitario y estulticia

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Juan José Llanes Gil del Ángel

Cuatro diputados del Partido Acción Nacional, Bingen Rementería, Enrique Cambranis, Nora Jessica Lagunes y Verónica Pulido, votaron en contra de la reforma que modificó el Código Civil de Veracruz para permitir que parejas del mismo sexo celebren el contrato civil llamado matrimonio.

Hace algunos años, el periodista Aurelio Contreras en su artículo «Matrimonios igualitarios: cosa juzgada», citaba la opinión de un servidor (lo que agradezco cumplidamente), que iba así:

«»El abogado veracruzano Juan José Llanes Gil del Ángel lo explica muy claramente: “cualquier norma general o acto de autoridad que tienda a menoscabar el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio o a adoptar, es intrínsecamente violatorio de la Constitución y de los derechos humanos. El tema ha quedado ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Y añade: “si el Constituyente Permanente o las legislaturas de cada estado hacen o no las adecuaciones correspondientes a las normas, lo único que harán -en realidad- será ajustar las leyes a un ‘deber ser’ ya definido por el más alto tribunal de México. Esto es particularmente relevante: no se trata de que los poderes legislativos ‘permitan’ o ‘autoricen’ a las personas del mismo sexo a casarse o a adoptar. Se trata de que no es constitucional que haya leyes que lo prohíban”…»»

Citaba Aurelio, además, las diversas jurisprudencias que, sobre el tema, han emanado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, claramente, adoquinaron el camino para que, hace unos días, ese Alto Tribunal definiera la inconstitucionalidad de las disposiciones del Código Civil de Veracruz que colisionaban con los Derechos Humanos.

El tema no es, por tanto, de la exclusiva competencia de las personas de preferencia no-heterosexual. Creo que -como cualquier tópico de Derechos Humanos- debe ser del interés de todos los que aspiramos a vivir en un real Estado de Derecho (por más menoscabado que esté en los últimos años).

Así pues, celebro como heterosexual (lo cual, en realidad, no es relevante), que se haya hecho una corrección a una norma general que lastimaba los derechos de la comunidad LGBTQ+, y felicito a mis amigas y amigos que pertenecen a ella por este paso tan importante -que no el último- en pro de sus derechos como personas.

Me sorprende, empero, la estulticia de algunos legisladores panistas que -a contrapelo de otros diputados de su bancada- no entienden que vivir en una República implica admitir que el Poder Judicial Federal (les guste o no), es el que tiene encomendada la tarea de definir qué es constitucional y qué no. Y es así, más allá de sus personalísimas ideologías o sus inconfesables fobias. Por tanto, si el tema estaba ya, desde hace tiempo, decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empecinarse en no cambiar el Código Civil de Veracruz era de una necedad delirante.

Sin embargo, la reflexión no debe quedar ahí: el propio régimen gobernante en Veracruz, emanado de Morena, tuvo más de tres años para proponer y articular la modificación a las leyes civiles. Esa tardanza (pese a que el tema ya estaba resuelto en el PJF), no se explica sino a la luz de su deseo de no incordiar a los sectores más retrógradas y derechistas de esta entidad… y eso que quienes gobiernan son (o dicen ser) de «izquierda».

Se pretenderá, ahora, lucrar políticamente con lo ocurrido hoy, sin duda, y se harán grandes esfuerzos para presentar la reforma como un mérito del partido gobernante, aunque se trate de una modificación que se forzó desde la sociedad civil y la Suprema Corte de Justicia.

Pero los panistas (que están haciendo un esfuerzo por no difuminarse y, pese a ello, se aferraron a sus ideas decimonónicas), sí que se llevan el trofeo a la peor de las torpezas: perdieron autoridad moral para señalar violaciones a Derechos Humanos; molestaron a un sector de la sociedad (compuesto por heterosexuales y no-heterosexuales), y prefirieron mantenerse en su perspectiva de que dos hombres o dos mujeres no se pueden casar, aunque esa prohibición violase la Constitución.

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