Juan José Llanes Gil del Ángel
Desde hace varios años, litigamos el despido injustificado de un trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz (que depende del Poder Ejecutivo). Obtuvimos un resultado favorable y -como suele suceder en estos tiempos- las entidades públicas, solapadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, hacen todo lo posible por no pagar lo que se adeuda a trabajadores y que fue ya determinado judicialmente, pagar menos, y dilatar los pagos.
En ese contexto, surgen «gestores» que, notoriamente, tienen acceso a información privilegiada.
A continuación, expondré un ejemplo de esto. Esta es una conversación vía WhatsApp con un cliente nuestro:
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GESTOR: Disculpe me enteré por un maestro que Usted tiene Laudos pendientes que le paguen en sefiplan
Le ofrezco mis servicios de Gestión de pagos con alta efectividad y rapidez.
Le interesa???
CLIENTE: Buenos días licenciado! Si me interesa , me gustaría platicar contigo
GESTOR: Buenas tardes, mire por razones obvias no podemos platicar personalmente . Pero le aseguro que somos profesionales en lo que hacemos , yo estuve en una labor temporal para el tribunal de conciliación, vi casos es años pasados y lo que me interesa es que se paguen
CLIENTE: Quien le dio mi número telefónico? Y que es lo que me ofrece como parte de sus servicios?
GESTOR: Gestionar su pago , para que salga lo más pronto posible estos semestre, no se le pide anticipo por los servicios, solo la firma de un contrato para asegurar nuestra comisión
CLIENTE: Cuál es tu comisión?
GESTOR: Del 35% de lo que le paguen
CLIENTE: Estás muy elevado! Muchas gracias! Prefiero esperar!
GESTOR: Ok. Gracias a ud.
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Nuestro cliente tomó la decisión de compartirnos esta información. Llama la atención -entre otras cosas- lo siguiente:
– La negativa a tratar el tema personalmente («por razones obvias»).
– La aseveración del «gestor» de haber estado en una «labor temporal» en el propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
– La ostentación de haber visto «casos en años pasados».
– La afirmación de que en «este semestre» se consolida un pago que, tanto la SEV como SEFIPLAN, se han negado sistemáticamente a realizar.
– La negativa a informar porqué medio se obtuvo el teléfono del justiciable y la información sobre su situación judicial.
– El elevadísimo costo de los «servicios» que se ofrecen.
No tenemos la menor duda de que o la SEV, o la SEFIPLAN, o el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, están traficando influencias e información reservada, y violando la protección de datos personales.
Aseveramos, tajantemente, que en estos embrollos hay delitos.
Tenemos el número del teléfono celular del que se enviaron los mensajes. Presentaremos las denuncias correspondientes, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía y la Contraloría. El número de teléfono del «gestor» así como los datos de nuestro cliente, los preservaremos, aunque puntualmente se los comunicaremos a las autoridades competentes… a ver si deciden investigar algo.
No entendemos, pues, de dónde se sacan las agallas para afirmar que se acabó la corrupción.