Agencias/Sociedad 3.0
El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, tendrá hasta el próximo miércoles 24 de agosto para presentar pruebas que lo deslinden de las acusaciones que pesan sobre él por el “crimen de Estado” en el que desaparecieron los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en tanto, se mantiene en la cárcel por un alto riesgo de fuga.
La segunda audiencia fue programada por el juez mexicano, Marco Antonio Fuerte Tapia, a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, tras más de 12 horas de duración de su primera comparecencia ante el Poder Judicial mexicano.
Además, se informó de que el exfuncionario público a cargo de la entonces PGR (2012-2015), durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) deberá permanecer en prisión preventiva, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que hay un elevado riesgo de fuga, al contar con una cuenta con más de 85 millones de pesos (unos 4.3 millones de dólares) y múltiples propiedades en los estados de Hidalgo y Guerrero.
El político hidalguense es señalado por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el Caso Ayotzinapa.
El pasado viernes, la FGR y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso “Ayotzinapa”, así como por la fabricación de la “verdad histórica”.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo una matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.
Según la polémica primera versión que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró.
Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.