Hace exactamente un mes, el pasado 3 de septiembre, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Veracruz (ICATVER) cumplió 29 años de haber sido creado para capacitar a los trabajadores de la entidad, labor que según sus maestros instructores desempeñó eficazmente en las últimas cinco administraciones estatales –desde la del exmandatario priista Patricio Chirinos (1992-1998) hasta la de Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD (2016-2018)–, pues en una denuncia anónima que difundieron hace tres semanas para llamar la atención del gobernador Cuitláhuac García, acusaron que hoy esa institución “vive su peor momento en manos del nepotismo y supuesta escasez de recursos debido a la mala dirección y decisiones de su director general Miguel Ángel Jácome Domínguez, situación que está afectando a gran número de instructores en todo el Estado, y que este año poco tienen qué festejar”.
Los inconformes señalaron que, desde el inicio de su administración, Jácome Domínguez, un maestro de educación básica protegido del subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, mostró su incapacidad para dicho cargo y, todavía peor, arribó con un equipo de trabajo sin compromiso ni experiencia.
El malestar que actualmente existe contra el director del ICATVER es porque a pesar de que el instituto cuenta con una gran plantilla de talento humano, con maestras y maestros con diferentes perfiles profesionales que ofrecen una variada oferta de cursos de capacitación para el trabajo a la población que lo requiere, de forma tajante detuvo desde a mediados de junio la impartición de los talleres de capacitación pese a que dichos recursos ya están etiquetados dentro del presupuesto anual para el pago de los instructores, quienes en su mayoría dejaron de tener ingresos.
Y es que señalan que la institución cuenta con trabajadores sindicalizados y personal de confianza, y que dentro de los primeros están los maestros que sólo reciben un sueldo cuando tienen grupo activo (contrato vigente), de lo contrario no ganan un solo peso. Los instructores, según puntualizan, son una pieza clave en el ICATEVER porque sus funciones van más allá del trabajo de las que le corresponden frente a grupo, ya que son ellos quienes se encargan de realizar la promoción de sus cursos, reunir la matrícula requerida, inscribir y en algunos casos hacer los cobros para que puedan hacerse los trámites para solicitar la apertura de cursos.
Explican que aunque el Instituto en teoría cuenta con las áreas para las funciones específicas, no son realizadas por los encargados. Esta problemática, en todos los planteles del ICATVER, desde el norte hasta el sur de la entidad, se ha manejado con un hermetismo total por parte de los directores y encargados de área ya que ellos no tienen la preocupación por tener un sueldo seguro. Así, este problema que no se resuelve, solamente hace quedar mal a los maestros, afectando sus ingresos y prestaciones de fin de año.
Acusan que todo el personal de confianza de Jácome Domínguez, aleccionados con una misma versión, engañan a la población inscrita diciéndoles que los cursos no inician porque no se completa la matrícula. Ah, pero en cambio, indican que existe una exagerada plantilla de administrativos en todas las áreas del ICATVER, a lo que atribuyen que los recursos no alcancen para el pago de los instructores.
Desde septiembre vienen exigiendo que se investigue a Jácome Domínguez, al que definen como un hombre de limitada preparación y de grandes ambiciones políticas, pues aseguran que es uno de los servidores públicos que se ha despachado con la cuchara grande, ya que por su propia gente cercana han sabido que tiene a varios miembros de su familia trabajando en dicha institución, y no solo en Xalapa sino en otras unidades de capacitación en el estado. Y, para corroborarlo, sugieren revisar la nómina del último semestre del 2022.
Casualmente ahora, dentro de la segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le acaba de observar un presunto daño patrimonial que en total ascendería a 1.5 millones de pesos, por haber pagado a 31 trabajadores después de la fecha de baja definitiva de la dependencia y por pagar una percepción no autorizada y el de una plaza que incumplió con los requisitos del perfil de puestos.
La ASF ordenó a la Contraloría General del Estado investigar y sancionar a los servidores o exservidores públicos que hayan avalado dichos pagos ilegales.
Sin embargo, desde hace tres años el funcionario cuenta con denuncias en la Fiscalía Anticorrupción por haber amenazado y pretender corromper presuntamente a unos de sus empleados. Se sabe al menos de la existencia de la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/753/2019, a la que supuestamente no se le ha dado seguimiento a la investigación.
Si la “Fiscal de Hierro”, Verónica Hernández Giadáns, ni siquiera habría llamado a declarar al protegido del poderoso subsecretario de Sefiplan y líder de la asociación política “Unidos Todos”, ¿acaso alguien cree que la contralora Mercedes Santoyo Domínguez sí lo hará?
No obstante, ante la molesta y presión de los maestros instructores que cuestionaban “¿por qué no hay recursos en ICATVER?”, Jácome Domínguez no aclaró dicha situación pero al menos tuvo que autorizar un mínimo de cursos.