De inicio empiezan los síntomas raros, reflejados en dolores inusitados, mareos súbitos, alteración del normal funcionamiento del organismo, coloración pálida de la piel, etc., entonces se acude al médico y se aguarda por el diagnóstico; es terrible el impacto causado en el paciente y su familia cuando las señales resultan desfavorables. Tras ese deprimente aviso comienza un desgastante viacrucis, cuyo desenlace concluye en signo fatídico o en prueba superada. Este proceso es analógicamente aplicable a la sociedad humana, cuando en la convivencia colectiva de pronto aparecen síntomas preocupantes, en este caso corresponde al gobierno hacer las veces del médico responsable de vigilar esas señales y poner cuanto antes el remedio adecuado. Lamentablemente, cuando el remedio gubernativo no es el correcto, o simplemente ha sido omiso, la enfermedad avanza y la invasión maligna alcanza proporciones mayúsculas. Para ponerlo en contexto podemos ejemplarizar con el caso de Veracruz, en donde una preocupante muestra de la presencia de grupos delincuenciales en su territorio dio testimonio en 2007, cuando se produjo un sangriento encontronazo entre grupos de intereses contrastados con resultado de varios muertos en Villarín, municipio de Veracruz, Ver. Quince años después ese acontecimiento ya se ha disipado en la memoria colectiva, pero marcó un periodo de intenso ajetreo delictivo con propósito de fortalecer su presencia en la entidad. Tal sucedió durante el gobierno de Fidel Herrera. Con Duarte, la cosa empeoró de manera sustantiva con muertos por doquier (la treintena de cadáveres esparcidos en Boca del Río frente al lugar donde se celebraba la Reunión Nacional de Procuradores), desapariciones forzadas, policía infiltrada y un combate anticrimen pleno de simulacros. Apenas tomó posesión de la gubernatura veracruzana, Miguel Ángel Yunes Linares enfrentó la dura prueba del saqueo a una tienda departamental, algo habrá olfateado porque intervino con inusitada osadía entre la chusma enardecida que cargaba su botín a cuestas, y teniendo como testigo a una sociedad asombrada de visualizar en las redes sociales tan preocupante acontecimiento. En la inmediatez de esos hechos, la secuencia de acontecimientos aparece como acciones aisladas, pero vistos en retrospectiva es posible observarlos como realidad de inobjetable presencia que revela ausencia de voluntad gubernativa, o peor, de impotencia para evitar la proliferación del daño. Porque los brotes de violencia van en aumento y se advierte cómo han permeado hasta el nivel de gobierno municipal, de esto último el actual ayuntamiento de Sayula es muestra fehaciente, pues se ha mostrado como una extensión de la comuna predecesora, en la cual los hechos de corrupción y sospechosas connivencia con la delincuencia siempre estuvo vigente en la conciencia ciudadana de aquella región. No es caso único, por supuesto, y encuentra explicación porque está ubicado en el corredor transistmico cuyo futuro y grandes inversiones lo convierten en apetitoso enclave; todo en importante porción territorial donde nadie sabe dónde están los límites entre la delincuencia y las autoridades. Volviendo al símil paramédico, el escenario se asemeja a una metástasis social, lo cual es bastante preocupante. Más aún si volteamos la mira hacia el norte para abrevar en las experiencias de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Sonora, Baja California, Guerrero, entre otras entidades donde las masacres integran la agenda de cada día. Lo acaba de reconocer el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas al referir que los cárteles indígenas como el de Chamula, en Chiapas, es clara muestra de descomposición social. ¿Visión catastrofista? Quisiéramos estar equivocados.