El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, entregó este martes a la Cámara de Diputados el dictamen para “compactar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los OPLEs” con un recorte de unos 3 mil millones de pesos.
“Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional; los Órganos Distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral”, indica el documento entregado inicialmente a la bancada de Morena.
El documento de 307 páginas enviado por el gobierno federal “unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real”.
“Se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional que ordena que las percepciones salariales de las personas Consejeras Electorales, las personas magistradas Electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del TEPJF sean inferiores al salario del presidente de la República”, apunta el texto.
Una hora antes de que circulara el documento, la oposición denunció que no conoce el proyecto de dictamen, el cual será llevado al Pleno este martes, luego de que se lleve a cabo la votación al dictamen de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en una sesión previa, que se prevé sea en contra.
“Se fortalece la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y los OPLEs por medio de su revisión normativa y una cadena única de mando para reducir el aparato burocrático y obligar al aprovechamiento máximo de la estructura, personal y en general de los recursos disponibles para la organización electoral”, apunta el proyecto del plan B.
También se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles para el proceso electoral.
“Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación”, apunta el documento.
En materia de justicia electoral, se eliminan dos salas regionales, que o entraron en funciones, y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora del máximo organismo electoral.
El proyecto propone que entre enero y abril de 2023, el Consejo General del INE identificará la normativa que se deberá adecuar conforme al decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, haya emitido la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas contenidas.
“Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del INE. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación”, resalta.
La iniciativa propone eliminar los fondos y fideicomisos del INE “que han sido creados al margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal”.
“El Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos”, apunta el documento.
La discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados estaba prevista para el pasado 29 de noviembre, pero se aplazó hasta este 6 de diciembre.