En 2005-2006 defendí el derecho del presidente Fox de opinar sobre el proceso electoral. En ese momento, las expresiones presidenciales eran legales. Ahora defiendo el derecho del presidente López Obrador a hacer exactamente lo mismo, aunque, por su culpa, hoy son ilegales.
Efectivamente, la prohibición de los políticos para hacer política se dio después de la elección de 2006. Como candidato, López Obrador se quejó amargamente de la participación de Fox en aquellos comicios. Recordemos el famoso “cállate, chachalaca”, donde el tabasqueño le pedía enmudecer al guanajuatense.
Luego de la elección, el PRD lopezobradorista incluyó la participación activa de Fox como causal para anular los comicios. El Tribunal Electoral no invalidó la elección, pero sí consideró que Fox los había puesto en peligro.
Vino, entonces, la reforma electoral de 2007. Por presiones del PRD lopezobradorista se restringió severamente la libertad de expresión para todos. A los privados se les prohibió comprar anuncios de radio y televisión con el fin de opinar sobre la política. A los políticos se les impuso una serie de restricciones absurdas para no hacer política; a los gobernantes se les prohibió opinar sobre cuestiones electorales. El “cállate, chachalaca” se institucionalizó a partir de ese momento.
Fuimos los liberales quienes nos opusimos a estas reglas antinaturales. Su aplicación, argumentamos, sería imposible. Se generaría una tensión constante entre gobernantes y árbitros electorales. Unos queriendo hablar, otros silenciándolos.
Dicho y hecho. En la elección de 2012, Calderón y compañía se quejaron amargamente. Lo mismo Peña y su equipo en 2018. Ahora López Obrador y su grupo se adicionan a la lista de plañideros. No quieren que el INE ni el tribunal los censuren. Lo celebro. Tienen toda la razón. Hay que dejar que los políticos hagan política, siempre y cuando no realicen campañas con dinero público o ilegal ni coaccionando ni extorsionando a la ciudadanía.
Recuerdo que un amigo, que luego fue consejero del INE, me criticaba en 2007 porque, según él, yo quería una contienda electoral a “navaja libre” como en las peleas de gallos. Pues es que no hay de otra, le respondía. Igual y ponen todas las regulaciones que quieran, pero, al final, harán trampa, porque se trata de la lucha por el poder. Sólo hay que transparentar quién financia la competencia. Dicho y hecho. Las absurdas reglas censoras y restrictivas de las reformas de 2007 y 2014 sólo han promovido trampas y mentiras.
Miren lo que está pasando con Claudia Sheinbaum. Está en campaña, pero “no está en campaña”. Viaja a los estados a “dictar conferencias”. Aparecen “espontáneamente” bardas que promueven su nombre. Las autoridades están obligadas a castigarla por actos anticipados de campaña. Ella se enoja. Se le olvida que el lopezobradorismo fue el culpable de estas regulaciones.
Desde la Presidencia, López Obrador hace campaña a favor de Morena todos los días. Se queja porque a veces lo sancionan. Ahora, en su iniciativa de reforma electoral redefinió lo que es “propaganda gubernamental”. El miércoles se aprobó que sólo sea la pagada por el erario. La que no, pues no. Por tanto, todos los servidores públicos, incluido el Presidente, pueden hacer campaña durante un proceso electoral.
Enhorabuena. Los liberales aplaudimos esta victoria cultural. Los prohibicionistas se dieron cuenta del absurdo y han reculado. Claro, son unos hipócritas, porque pensaban algo distinto cuando estaban en la oposición que ahora que están en el poder. Pero no importa. Lo que importa es que se dieron cuenta de que la libertad de expresión es un derecho fundamental de la democracia.
Ahora, en aras de la equidad, deberían permitir que individuos y grupos puedan comprar spots de radio y televisión para hablar de política. Si hay un candidato misógino, que las feministas puedan expresar su oposición en televisión y radio. Que los sindicatos puedan hacer campañas mediáticas a favor de candidatos que defiendan abiertamente sus intereses.
Dicen los que están en contra que los millonarios van a gastar fortunas para comprar a un gobierno. Les tengo malas noticias. Ya lo están haciendo, pero por debajo de la mesa. Nadie se entera del financiamiento ilícito que llega a las campañas. Es más, a los grandes empresarios les conviene mantener el sistema actual, porque no tienen que dar la cara. En 2006, los spots de privados eran legales. El Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, firmó los anuncios que criticaban a López Obrador. ¿Acaso no es mejor esto a que avienten la piedra y escondan la mano?