El Senado de la República aprobó este miércoles en lo general y particular un dictamen en materia de propaganda, incluido en el segundo paquete del plan B electoral, que permitirá a los servidores públicos hacer campañas gubernamentales de forma permanente con el uso de recursos públicos.
El dictamen, aprobado con 65 votos a favor y 52 en contra, fue devuelto a la Cámara de Diputados. Se trata de la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos señala que la ley vigente establece que los servidores públicos, mediante el ejercicio de su libertad de expresión, afectan los principios de una contienda electoral equitativa, por lo que podrán ser limitados.
“Sin embargo, la poca claridad que se tiene en nuestro país para distinguir entre el uso indebido de recursos públicos para impactar el desarrollo de una contienda electoral y el ejercicio de la libertad de opinión de los servidores públicos a expresar sus opiniones e informar respecto a sus labores, ha generado un ambiente de restricción innecesaria”, dice.
En su intervención, Damian Zepeda, senador del PAN, criticó que los morenistas hayan aprobado el plan B electoral y dijo que con el segundo paquete los funcionarios podrán hacer propaganda durante las campañas.
“Van a legalizar que el gobierno con el uso de recursos públicos pueda hacer propaganda gubernamental durante las campañas, eso es lo que dice esta reforma”, destacó.
También recordó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se movilizó contra el expresidente Vicente Fox porque opinaba en épocas electorales. “Salió y le dijo cállate chachalaca. Se quedaba en pañales Vicente Fox con lo que esta reforma le permite al presidente López Obrador”, criticó.
En tanto, Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, señaló que los diputados de Morena van a pasar a la historia “por haber dado su voto para que se apuntale un régimen autoritario y antidemocrático” y explicó los alcances del dictamen en materia de propaganda.
“Que se siga difuminando la frontera entre partidos y gobierno (…) que los recursos públicos a disposición del Estado los usen de manera permanente los funcionarios, no para hacer su trabajo, sino para apuntalar a su partido, para promover sus propias candidaturas, en lugar de darle su servicio al pueblo; y finalmente la posibilidad de que la gestión pública en el país transite a una etapa de campaña permanente”, explicó.
Y la senadora priista Claudia Anaya dijo que con el dictamen “se abre la puerta para la publicidad desde lo gubernamental, para que un servidor público desde su cargo de poder y usando recursos públicos pueda promover obras o personas en una contienda electoral”.
En la discusión de las reservas, la senadora panista Mayuli Latifa Martinez dijo que con el dictamen dejará de haber equidad en las contiendas electorales al permitir la propaganda gubernamental y que los servidores públicos puedan pronunciarse.
“Nos iremos a la Corte, nuevamente se vulnera nuestra Constitución”, advirtió.
Las modificaciones establecen que la Ley General de Comunicación Social tiene el objetivo de garantizar “el derecho a la ciudadanía a la información sobre entes públicos, a través de la propaganda gubernamental“.
Establece que los entes públicos podrán difundir, por medio de campañas de comunicación social, obras, servicios públicos, programas, etc.
Y determina que los servidores públicos podrán expresarse sin que eso sea considerado propaganda. “No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”, dice el dictamen.