Estrictamente Personal
Raymundo Riva Palacio
El juicio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, se ha vuelto un asunto de Estado para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiere que en la opinión pública mexicana no haya tema más importante que el juicio que apenas comienza, y que la Corte del Distrito Este en Brooklyn lo encuentre culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa. López Obrador está comprometiendo cosas impensables, en una clara necesidad política para cobrarle a Calderón la factura por haberlo derrotado en las elecciones presidenciales en 2006, y darle un motivo para perseguirlo penalmente. No hay semana donde no se refiera a los dos, y acuse a García Luna de corrupción, usándolo como símbolo y esencia de aquel sexenio.
Es tal la ansiedad de López Obrador que ayer pidió a la Corte –donde no tiene voz ni voto– lo que sería ideal para sus objetivos: que el juez Brian Cogan permita que García Luna muestre su amplia colaboración con funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, como prueba de inocencia de recibir sobornos del narcotráfico, como pide su defensa, y que aprueba que se den a conocer sus ingresos y el origen de ellos después de fungir como secretario, como lo desea la fiscalía. Para las partes que litigan en Brooklyn, las posturas son excluyentes.
Pero para López Obrador es fundamental, para que al explicar la “doble vida” que llevaba García Luna, donde “por un lado se le premia, se le reconoce, y por otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada”, se pueda saber hasta dónde “estaban metidas” las autoridades estadounidenses con el exsecretario, que le reforzaría su narrativa y aumentaría la presión pública contra Calderón, asumiendo que comprobaría que las agencias y servicios de inteligencia de Estados Unidos, como lo ha especulado, tenían una autorización amplia del gobierno para intervenir a sus anchas en México.
El gobierno de Calderón, como supone López Obrador, sí estableció una relación sin precedentes con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, que provocó tensiones dentro de su gabinete de seguridad y conflictos entre García Luna y el procurador general Eduardo Medina Mora –que podría ser uno de los testigos que hablen en contra del exsecretario–, que también causaron choques entre las agencias de ese país, en particular con la DEA, que se inclinó hacia el lado del exfiscal mexicano a cambio de privilegios en los interrogatorios de narcotraficantes.