Se debatió hasta la náusea: la prisión preventiva oficiosa no solo es una herramienta para evitar que los criminales escapen de la justicia, sino que también es un arma para castigar adversarios e inhibir a quienes se oponen a las decisiones de los gobiernos; sirve para combatir al crimen organizado y para cobrar venganzas políticas. Así lo demuestra, de manera nítida, el caso de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fueron encerrados el pasado 5 de enero por haberse enfrentado abiertamente al gobierno (cada vez más violento, intolerante y peligroso) de Enrique Alfaro.
Los jóvenes Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Vladimir Cisneros y José Alexis Rojas están acusados del delito de despojo por empresas privadas que, con el respaldo de las autoridades locales, se adueñaron de un amplio terreno donde debió construirse un parque público, para levantar edificios y seguir expandiendo el ya muy ominoso negocio inmobiliario de la zona metropolitana de Guadalajara. En marzo del 2021 esos jóvenes estudiantes respaldaron a los vecinos de Huentitán para oponerse a ese despropósito y encabezaron un plantón —cosa muy diferente a un despojo— para pedir que se rectificara la decisión: pedían que se respetara el plan de desarrollo urbano original y que, en vez de levantar más edificios para la élite, se cumpliera el compromiso del espacio público.
En agosto del mismo año y después de varios enfrentamientos mediáticos con el gobierno estatal, el plantón de vecinos y estudiantes fue violentamente desalojado por la fiscalía estatal, con el aval del juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos: el mismo individuo que la semana pasada consideró indispensable utilizar la prisión preventiva de oficio en contra de los jóvenes estudiantes que se presentaron a declarar por su propio pie a la audiencia a la que fueron llamados. Así que desde el jueves pasado están detenidos en el penal de Puente Grande, Jalisco, como si fueran criminales peligrosos que hubiesen cometido delitos de alto impacto y hubiesen sido capturados en una refriega.
Entre agosto del 2021 y enero del 2023 hubo, sin embargo, otros hechos que no me pasan inadvertidos: el joven Javier Armenta fue durante todo ese tiempo líder de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (la FEU) y, en ese carácter, encabezó las protestas callejeras contra el gobierno de Jalisco por la ofensiva que su Gobernador emprendió —y mantiene— en contra de la comunidad de la Universidad de Guadalajara que se ha atrevido a defender la autonomía de esa casa de estudios. De modo que antes de concluir el año pasado, el joven Armenta dejó el liderazgo de la representación estudiantil y casi de inmediato, le fue tendida la celada judicial para meterlo a la cárcel.
Me consta que no es la primera vez que el gobierno de Alfaro utiliza la amenaza de la cárcel para someter a sus críticos y sus adversarios; me consta que emitir opiniones que lo contradigan produce reacciones políticas de alto riesgo para la integridad de quien lo hace; me consta que las agresiones en contra de la comunidad que se ha mantenido fiel a la autonomía de la Universidad de Guadalajara y a la independencia de su producción académica se han venido incrementando cada vez más, como sucedió en la inauguración de la FIL de Guadalajara del año pasado; me consta que el titular del gobierno de Jalisco es incapaz de dialogar en paz con quienes piensan cualquier cosa que difiera de sus puntos de vista. A esa lista ahora se añade la represión directa, usando la prisión preventiva oficiosa.
Otra línea roja cruzada por Enrique Alfaro quien dice suscribir los principios socialdemócratas del partido que lo cobija, pero los contradice todos los días. Que quede claro: Armenta, Cisneros y Rojas son presos políticos.