Pensándolo Bien
Jorge Zepeda Patterson
Dice Andrés Manuel López Obrador que en política hay que distinguir entre guerras, batallas y escaramuzas. El problema es que la polarización política hace que toda controversia sea encarada a tumba abierta; no caben “medias tintas” y las posiciones del otro son leídas como actitudes que rayan en traición a la patria. Los contendientes no distinguen entre lo que verdaderamente importa o lo que es un simple diferendo; lo que es una batalla decisiva o una mera escaramuza: toda confrontación es una guerra, aunque el motivo cambie cada tres días. Da lo mismo si es el sorteo de un avión, la consulta para llevar a juicio a los presidentes, el número de muertos por covid o la reforma de las leyes electorales. Los rivales se interesan por los temas calientes no en función de su importancia para el país o para los ciudadanos, sino de su potencial para impactar en la opinión pública y la posibilidad de llevar agua a su molino.
Esto hace que, de un lado, sea más importante el daño ecológico que provocará la deforestación de la línea trazada sobre pedazos de selva para construir un tren en la Península de Yucatán, que el beneficio que supondrá para millones de mexicanos. Y por legítima que sea la defensa del medio ambiente, por desgracia el propósito de la mayoría de los críticos no es cómo hacer para minimizar los daños colaterales a la naturaleza o al patrimonio arqueológico, sino “cómo paramos la obra”, valiendo sorbete que sigan en su miseria tantas comunidades dejadas atrás durante décadas. Habría sido deseable, en efecto, que toda esa atención mediática y política se hubiese volcado en la defensa de manglares y selva cuando se construían los resorts y desarrollos inmobiliarios y turísticos a lo largo de la Riviera Maya. Nunca pudimos encarar la discusión y puesta en común de un proyecto detonante para la región, porque las partes estaban más interesadas en el todo o nada, que en ver por el beneficio cabal del país. Unos, distorsionando preocupaciones legítimas sobre el impacto ambiental para usarlas como misiles para desbarrancar el proyecto; otros, acusando de vende patria a todo aquél que externara una objeción. El gobierno se impuso contra viento y marea y el Tren Maya se construirá, lo cual a mi juicio es bueno, pero podría haber sido mejor si hubiéramos sido capaces de procesar de otra manera las diferencias. Con todo, es cierto que en el proceso de estira y afloja la 4T se vio obligada a matizar las críticas desarrollando un ambicioso proyecto arqueológico y a ofrecer programas de reforestación que no estaban contemplados. Y lo que no, tendrá que afinarse y modificarse en el futuro. Así operan los procesos en el México convulso que tenemos.
Algo similar sucede con el INE y sus reformas. Que López Obrador le tiene una particular ojeriza a las autoridades electorales, sin duda. Que nuestra estructura jurídica y orgánica para realizar procesos electorales es compleja y onerosa, también. El problema es que, a estas alturas, resulta imposible una discusión razonada del proyecto presentado para presuntamente mejorarlo. Entre el INE no se toca y “los consejeros son una punta de rufianes” todos los argumentos se vuelven sospechosos. El Ejecutivo está en todo su derecho de procurar ajustes al gasto en esta estructura costosa, particularmente en el contexto de una administración pública más austera; después de todo se trata de recursos públicos. Pero dada la beligerancia del debate previo, también es legítima la preocupación de que la animosidad de los obradoristas provoque recortes que terminen por afectar la eficiencia del órgano electoral para cumplir cabalmente sus funciones. ¿Cómo saberlo?
Por un lado, podemos dar por descontado que muchas de las reacciones están cargadas de una histeria política inevitable: “si el plan B se aprueba se acabaron las elecciones legítimas en México”. Por otro lado, hay muchas evidencias de que el proyecto preparado por los morenistas fue muy apresurado, por decir lo menos. El propio Presidente tuvo que vetarlo, momentáneamente, porque sus legisladores añadieron cláusulas impresentables (garantía del registro eterno para los partidos satélite), y varios de los senadores reconocieron contradicciones de orden constitucional, prometiendo enmiendas que posteriormente apenas se abordaron.
El 25 de enero el INE presentó un detallado reporte en el que punto por punto se describen los daños que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo provocaría en su operación. Se agradece el esfuerzo y la información, pero es evidente que se trata de la versión de la parte afectada. Lo cual no significa que pueda ser ignorada. Ellos afirman, por ejemplo, que se pretende disminuir las 2 mil 571 plazas a solo 396 en el Servicio Electoral Profesional Nacional, y que ello provocaría daños irreversibles en el reclutamiento y capacitación de los 40 mil ciudadanos que fungen como funcionarios de casillas. ¿Será así?, ¿están seguros los senadores de que esos 396 podrán hacer la labor?, ¿alguien hizo la tarea de contrastar con la realidad esos cálculos? Quizá no necesitaban 2 mil 571 en un INE más austero, pero ¿cómo se llegó a la conclusión de que con 15 por ciento eran suficientes para esa tarea?
La conclusión se empantana cuando unos sostienen que el INE no se toca (“necesito 2 mil 571 funcionarios para esa tarea y ni uno menos”, para seguir el ejemplo) y cuando la mayoría de Morena y sus aliados asumen que a la iniciativa presidencial no se le cambia ni una coma (“arréglate con la séptima parte de eso y hazle como quieras”).
Las leyes secundarias serán aprobadas en los próximos días. Quisiera pensar que si llegan a aplicarse el daño no sea al grado que vaticinan sus críticos, pero me temo que por la manera acelerada con la que actuó Morena son más que probables algunos contratiempos o algo más que eso; solo espero que en caso de presentarse existan márgenes y enmiendas operativas para acotar sus efectos.
Pero también cabe la posibilidad de que la Suprema Corte, a donde eventualmente llegará el asunto, haga un mejor trabajo que los legisladores. Es decir, que sometan a un verdadero análisis por parte de expertos el impacto de cada modificación, determine sus alcances y tomen su decisión en consecuencia. Lo peor sería que también ellos decidieran en términos partisanos, divididos entre obradoristas y antiobradoristas. Así perdemos todos.
@jorgezepedap