Prosa aprisa
Como era de esperarse, desde el gobierno se trató de demeritar la marcha de ayer en defensa de INE, igual como se intentó hacerlo con la primera, que se dio el 13 de noviembre pasado.
Creo que más allá de la guerra de cifras del gobierno, que trata de reducir al mínimo el número de participantes (el año pasado Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, lo redujo a entre 10 y 12 mil y AMLO a entre 50 y 60 mil, cuando fácilmente rebasó los 100 mil y los cálculos más conservadores fijaron las cifras entre 300 y 600 mil), hay algo más importante y trascendente.
Con su intención de acabar con el órgano electoral, el presidente López Obrador, en una versión actualizada, despertó aquel México bronco, aunque ahora ciudadano, del que hablaba don Jesús Reyes Heroles.
El 5 de febrero de 1978, en ocasión del LXI aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en Querétaro, el ilustre tuxpeño, proclamó: “Pensemos precavida y precautoriamente que el México bronco, violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro; únicamente duerme. No lo despertemos, unos creyendo que la insensatez es el camino, otros aferrados a rancias prácticas”.
Andrés Manuel, con su insensatez y con su necedad de volver a rancias prácticas, logró que miles de mexicanos salieran a la calle a defender una institución, la electoral, que costó muchos años de lucha (y de sangre) forjar con la intención de evitar que volvieran a repetirse atropellos a la democracia de los que él mismo fue víctima y uno de cuyos exponentes, acaso el más significativo, está ahora en su gobierno: Manuel Bartlett, aquel artífice del robo del triunfo de la elección presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988, para dárselo a Carlos Salinas.
Creo que eso es lo más destacable, habernos hecho despertar de la modorra cívica en que habíamos caído, de recordarnos que así como tenemos obligaciones también tenemos derechos pero que son letra muerta si no los hacemos valer y si no salimos a defenderlos.
Tanto la marcha del 13 de noviembre de 2022 como la de ayer, 26 de febrero de 2023, pasarán a la historia y han de servir de ejemplo y de recordatorio a las generaciones venideras que ningún gobierno, y menos de un solo hombre, puede estar por encima ni destruir las instituciones que generaciones de mexicanos se han dado por el interés superior de México.
El efecto a mediano plazo
A reserva de lo que resuelva en definitiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si se deroga o no el llamado Plan B de la Reforma Electoral, el ejercicio de ayer, inercia del de noviembre pasado, ha de tener un efecto político, necesariamente, o al menos eso creo.
De una cosa podemos estar ya seguros: Morena, el gobierno, la 4T, no volverá a alcanzar los 30 millones de votos con los que ganó López Obrador –ni en el estado el poco más de millón y medio que logró Cuitláhuac García Jiménez–. Muchos de los manifestantes de ayer terminaron decepcionados de ellos y no solo salen a protestar sino que no volverán a votar por el movimiento guinda.
Pero estas protestas, estas manifestaciones, han servido para quitar la pátina de la maquinaria ciudadana que se estaba herrumbrando, o que esta herrumbrada, porque no se le ponía en marcha y no se le exigía ningún nivel de velocidad. Los dos ejercicios cívicos han servido para empezar a aceitarla y seguramente ha de llegar a plenitud en 2024.
Pero la inercia debe seguir. El ciudadano, hombre o mujer, debe continuar ejercitándose en la defensa de su derecho a manifestarse libremente, pero también de sus derechos ante cualquier intento de atentado o del atropello por parte de alguna autoridad, sea cual sea.
Muchos de los que marcharon ayer, por ejemplo, o fueron víctimas directas del atropello a sus personas y a sus derechos humanos en nombre de un delito que se inventaron en el gobierno del estado, el de ultrajes a la autoridad; o fueron víctimas directas o son sus familiares, sus vecinos, sus amigos o sus compañeros de trabajo o de actividades. Fue doloroso lo que sufrieron pero los animó y les enseñó que la lucha debe ser permanente.
Lo ocurrido debe servir también para que el ciudadano no se deje presionar y no lo obliguen a ir a votar por el partido en el gobierno, como sucedía cuando el PRI; para que cobre conciencia de que su voto es libre, directo y secreto; parte de eso es la lucha en defensa del INE. Y, claro, de preferencia, aunque se entiende que si no lo hace le quitan su trabajo, para que no lo lleven de acarreado, de manera forzada, el 18 de marzo a la concentración que hará AMLO también en el Zócalo como respuesta a la de ayer.
Confianza en que la Corte les dará palo de nuevo
El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, orador ayer en el evento del Zócalo de la Ciudad de México, expresó su confianza en que el máximo tribunal preserve la vida democrática del país revirtiendo el Plan B. Como él piensan los miles que salieron a protestar.
“Estoy seguro de que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio… confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que toman para preservar la vida democrática del país”, expresó.
Antes de cerrar la jornada que se vivió, demandó: “Debemos renovar nuestra conciencia para participar en los asuntos públicos del país”. Sí, de eso se trata.
No hay una fecha fija para que la Corte se pronuncie, pero, según publicó El Economista el pasado 7 de febrero, a fin de “preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país… deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del ‘plan B’… antes de junio de 2023”, de acuerdo a una investigación del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.
“De acuerdo con la legislación vigente, el proceso electoral federal de 2024 inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023 (aunque la reforma electoral plantea postergarlo a la tercera semana de noviembre)”. Mientras no se resuelva, pues, estamos a seis meses, a partir de pasado mañana 1 de marzo, del inicio formal del proceso.
Y de acuerdo a la investigación citada, en los próximos tres meses ha de saberse la resolución final de la suerte que correrá el Plan B. Si la Corte lo tira, seguramente miles saldrán a las calles, pero ahora para celebrarlo. Vamos a esperar.