Así como el jueves 2 de abril de 2020 expresó que la pandemia de Covid “nos vino como anillo al dedo”, ahora el juicio y veredicto en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –el exjefe policíaco de su más odiado opositor Felipe Calderón– le ha caído de perlas al presidente Andrés Manuel López Obrador para desacreditar y debilitar al PAN, el partido conservador que aliado con el PRI y PRD amenaza con disputarle el poder en 2024.
Sólo que los operadores políticos y correligionarios del mandatario de Morena están manipulando tan burdamente este tema que sus efectos políticos se les podrían revertir. Por ejemplo, el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, difundió anteayer un video en el que anunció que solicitarán al Instituto Nacional Electoral (INE) el retiro del registro al PAN “porque está comprobado que es una organización criminal, más que política, y una organización criminal no puede seguir aspirando a participar en política y querer gobernar a los mexicanos”. Este jueves, a través de un comunicado, Marko Cortés, líder del partido blanquiazul, le respondió que García Luna “fue un funcionario de gobierno de primer nivel que, si se corrompió, debe pagar por sus actos”, y reprochó que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón tuviera que ser juzgado en Estados Unidos y no en México.
El día anterior, miércoles 22, en la sesión del Senado en la que se debatió y terminó aprobándose el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, entre las tantas tonterías que se dijeron en tribuna, sobresalieron las de los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio y Lucía Trasviña Waldenrath, de Guerrero y Baja California Sur, respectivamente.
Salgado, padre de la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, dijo que la manifestación del próximo domingo 26 en defensa del INE… ¡“es para pedir la liberación de García Luna”!, mientras que la legisladora bajacaliforniana subió a la tribuna con las fotos del expresidente y el extitular de la SSP, y poniendo su dedo sobre la imagen del exmandatario, dijo: “Este ‘cabrón’ al que ustedes siguen y aplauden debe ser llamado a cuentas de la justicia. Felipe Calderón es cómplice del crimen de Estado. Ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido, díganme nomás?”.
El senador Germán Martínez, ahora independiente, quien fue secretario de la Función Pública y dirigente nacional del PAN en el sexenio calderonista y el cual llegó al Senado por Morena y al inicio de su administración fue nombrado por López Obrador director general del IMSS, retó en tribuna: “De una vez lo digo con absoluta claridad. Traigan a Calderón a que se haga justicia en México, pero no lo traigan con los privilegios que trajeron a (Emilio) Lozoya (exdirector de Pemex) a un hospital privado. No lo traigan con los privilegios con los que trajeron a (Alonso) Ancira (dueño de Altos Hornos de México, S.A.)”.
Intrigado por su pronunciamiento, el columnista de Excélsior, Francisco Garfias, le pidió una explicación al expanista, quien le puntualizó: “Admiran los logros de la justicia norteamericana y dejan pudrir a la procuración de la justicia mexicana”.
Se le olvidó decir que en noviembre de 2020 rescataron al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto, quien había sido detenido un mes antes en el aeropuerto de Los Ángeles por la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de narcotráfico y lavado de dinero, pero el cual fue entregado por la administración del presidente Donald Trump a la Fiscalía General de la República (FGR) a petición del gobierno de México.
Dos meses después, en enero de 2021, la FGR terminó exonerando al extitular de la Sedena al determinar que no se relacionó con narcotraficantes; “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada (Cartel del H-2, de los hermanos Beltrán Leyva) por las autoridades estadunidenses y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.
De esta manera el Ministerio Público Federal desechó las supuestas pruebas obtenidas por la DEA con las cuales pretendía que Cienfuegos fuera enjuiciado en ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico y por lo cual detuvieron, en el aeropuerto de California, al exfuncionario el 15 de octubre de 2020, permaneciendo retenido por esas autoridades cinco semanas y luego devuelto a México sin cargo alguno.
La institución, encabezada por Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que la investigación realizada por Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), “tampoco encontró prueba alguna de que (Cienfuegos) hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo en este caso”.
El gobierno federal aseguró también haber investigado el patrimonio económico de Cienfuegos Zepeda y que no se detectaron irregularidades, por lo que la FGR refirió que “del análisis de la situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apreció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”.
Ahora, hasta Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México se deslinda de García Luna, y por otro lado ha salido a relucir que Francisco Israel Galván, un allegado al exjefe policiaco de Calderón que se desempeñó como director del aeropuerto capitalino entre 2010 y 2012 –donde testigos aseguraron en el juicio contra el extitular de la SSP que se encubría el tráfico de grandes cantidades de droga–, es actualmente enlace con la Coordinación Nacional Antisecuestro.