Por Edgar Hernández*
Rebeca Quintanar, titular del DIF estatal, es toda un fichita.
Al subejercicio presupuestal por 440 millones y negocios ilegales en la contratación de servicios y compras millonarias de insumos y alimentos, se suma la ofensa y discriminación a los discapacitados, hoy por hoy uno de los sectores más indefensos y olvidados en Veracruz.
En señalado agravio -acaso complicidad- va de la mano la Comisión Estatal de Derechos Humanos que encabeza Namiko Matzumoto Benítez, una oportunista que para mantenerse en el poder se transforma en priista, panista o Morena a conveniencia.
La de los discapacitados en Veracruz ha sido pues, una lucha desigual en todos sentidos, solo comparable con los países de África donde no hay consideración ni apoyo oficial alguno para tan desprotegido sector.
Hoy en Veracruz son millares los discapacitados que sobreviven por sus propios medios sin mayor esperanza que la de sus propias familias.
El caso de Veracruz el asunto es grave.
Para el Director Ejecutivo de la “Asociación Veracruzana de Discapacitados Productivos A. C. y Miembro de la Comisión Estatal de las Personas con Discapacidad de Veracruz, Pepe Acosta, una vez agotado el diálogo por todos los medios posibles con Rebeca Quintanar, acudió a la CEDH “donde también nos dieron con la puerta en las narices”.
“La razón de nuestra queja, sostiene el quejoso, fue debido a que aún no se ha citado a reunión de nuestro Consejo como lo establece la ley, para proporcionarnos asesoría, planeación, fomento y supervisión de las acciones, estrategias y programas que lleven a cabo las Entidades y Dependencias del Estado y los Municipios del Estado de Veracruz, en favor de personas con discapacidad”.
Para este sector, que en Veracruz rebasa los 200 mil discapacitados, de acuerdo al INEGI, lo que hace el DIF estatal “no es más que una abierta violación a lo que establece la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz”.
Como resultado los discapacitados están al margen de la integración social.
Ello a pesar de que DIF estatal lleva años al frente de un centro denominado CREEVER, hoy CRISVER, para la atención a personas con limitantes físicas en donde a los únicos que no se atiende es precisamente a los discapacitados.
A la par de la omisión del DIF estatal, se suma el burocratismo de Namiko en la CEDH, quien más gusta de la vida social y exhibicionismo en lugares públicos -simulando las acciones delincuenciales de su hijo con problemas de adicción- que atender las demandas de los discapacitados.
Simplemente le vale madres.
Las omisiones en el DIF son tan graves en todos sentidos que hace un par de días se dio a conocer el subejercicio de esta dependencia por 440 millones de pesos los cuales presuntamente están destinados al patrocinio de Morena y su candidato para la sucesión gubernamental del 2024.
Se oculta que parte del subejercicio desviado debió ser destinado a personas con vulnerabilidad, por ello no los atienden.
Dicho monto, forma parte del presupuesto superior a los mil 514 millones de pesos aprobados para la dependencia que desde el 2018 ha estado bajo sospecha por las turbias adjudicaciones sin licitaciones de por medio.
La complicidad y presuntos ilícitos de Rebeca tiene cola.
Atrás de todo este entramado ilegal está Nitzia Guerrero, la hija del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García.
Así se tejen los negocios y complicidades en donde lo que menos importa es atender urgencias básicas como las que confrontan las personas con discapacidad.
A todo ello cabe preguntar si está enterado el gobernador.
La respuesta es simple.
No. Está mas ocupado en ofender a los periodistas y disiparse en escandalosas fiestas en Casa Veracruz -verdaderas orgias, según reseña la acreditada periodista Virginia Durán Campollo- que ver por la gente vulnerable.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo