El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la iniciativa 3 de 3 contra la violencia que propone suspender el derecho a ocupar un cargo público a las personas con sanciones por violencia familiar, delitos sexuales y también deudores alimentarios.
Con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, los legisladores aprobaron esta propuesta por mayoría calificada que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución; la iniciativa fue enviada al Senado.
El lunes pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con 32 votos a favor y tres abstenciones la modificación.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, señaló que las acusaciones de que esta reforma buscaba “perseguir”, provienen desde el miedo.
“El hecho de que no lleguen agresores a la Cámara de Diputados, al servicio público, que no pueden estar al frente del poder, quiere decir que todas esas masculinidades violentas que atacaban a las mujeres y que nos hacían sentir ciudadanas de segunda y todavía nos hacen sentir avergonzadas si nos violaban, ya no serán más”, señaló.
La legisladora apuntó que “con esta decisión no se ataca a los hombres, se demuestra que las mujeres estamos avanzando en nuestros derechos”.
“La inclusión de hombres violentadores a los puestos públicos es lo que hace que existan leyes violentadoras”, añadió.
La propuesta reforma el artículo 38 de la Constitución para suspender a aspirantes a cargos de elección popular “por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual”.
También modifica el artículo 102 de la Constitución en el que para ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere: tener ciudadanía mexicana por nacimiento, “en ejercicio de sus derechos” y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.