La semana pasada atestiguamos cómo decisiones importantísimas para la República dependen de un voto. Una persona puede inclinar la báscula hacia un lado o hacia el otro.
Porque la balanza igual se ha ido a favor del gobierno, como en el caso de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, igual en contra, como el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Un voto, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es lo que hace la diferencia.
Se trata de un equilibrio institucional muy frágil.
Decisiones de gran trascendencia, como el papel que deben jugar los militares en la seguridad pública o la participación del sector privado en el mercado eléctrico, las deben tomar súper mayorías en el Congreso.
Se trata de reformar reglas que están en la Constitución. Pero, como la alianza oficialista (Morena, PT y el Verde) no tiene dos terceras partes ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, encontraron una manera muy mañosa de pasar cambios.
Sí tienen mayoría absoluta y, por tanto, modifican leyes secundarias aunque los cambios violen la Constitución. El asunto inevitablemente llega a la Suprema Corte, en la que se requiere otra mayoría calificada de ocho de los 11 ministros para declarar inconstitucional las reformas a leyes secundarias.
En otras palabras, una minoría de cuatro ministros puede, en la práctica, sostener los cambios legales por más inconstitucionales que sean. La combinación de una mayoría de 51% en el Congreso más una minoría de 36% en la Suprema Corte es suficiente para enmendar la Constitución por la puerta trasera.
Hoy, el gobierno tiene el apoyo irrestricto de tres ministros de la corte: Esquivel, Ortiz y Zaldívar
En el caso eléctrico, un ministro, primero González Alcántara, en un apartado, luego Ortiz Mena en otro, se les unieron al apoyar la constitucionalidad de dicha ley (hay quienes piensan que esta votación no fue de cuatro a siete, sino una treta del entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para darle la victoria al gobierno). Los que apoyan a la Cuarta Transformación celebraron esta decisión y aplaudieron a la Corte.
En el caso de la Guardia Nacional, ningún otro ministro se unió a los incondicionales del gobierno. Ergo, se lograron los ocho votos para declarar inconstitucional el traslado a la Sedena. Ahora, los que están en contra de la Cuarta Transformación celebraron y aplaudieron.
No puede ser que un voto defina decisiones tan relevantes.
Durante el próximo sexenio (2024-2030), habrá cinco cambios de ministros: Zaldívar, Aguilar, Pardo, Ortiz Mena y Pérez Dayán.
Recordemos que el jefe del Ejecutivo federal requiere de tan sólo cuatro votos en la Corte para que no se declare inconstitucional una ley secundaria que modifique, en los hechos, la Constitución. Hoy Morena cuenta con el apoyo de tres ministros, pero uno de ellos, Zaldívar, se va el primero de diciembre del año que entra. Otro más, Aguilar, se va en la misma fecha. Así que habrá dos vacantes.
En el proceso sucesorio de la Corte, el Presidente tiene una ventaja estructural sobre el Congreso. De acuerdo con la Constitución, para nombrar a un ministro del máximo tribunal del país, el Ejecutivo somete una terna de candidatos a consideración del Senado, “el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente”.
Si en 2024 gana Morena la elección presidencial, el próximo mandatario hará hasta lo indecible para meter a dos personas cercanísimas a la Corte y así tener los cuatro votos mágicos. De esta forma, aunque no tenga mayoría calificada en el Congreso, el presidente podrá hacer cambios trascendentales gracias a su minoría en la Corte.
Si gana la oposición, quedarían tan sólo dos ministras incondicionales de Morena y se rompería el frágil equilibrio de un voto que hemos tenido estos meses. (Vaya uno a saber qué pasaría con la agenda legislativa de un presidente opositor, porque dependería del apoyo que tuviera en ambas cámaras de la siguiente Legislatura).
Así que la batalla del 2024 no sólo será para elegir al próximo presidente y Congreso. Muy pronto también se modificará la integración de la Suprema Corte y veremos si se mantiene, o no, el equilibrio tan frágil que hoy tenemos en el que el voto de un ministro determina el futuro del país.